El pasado 5 de junio se han cumplido 14 años del Baguazo, ese enfrentamiento en el 2009 entre indígenas de la Amazonía Norte y la Policía Nacional del Perú en el paraje de la carretera Fernando Belaunde Terry cercano a la ciudad de Bagua, conocido como la Curva del Diablo.

La causa inmediata fue el intento de desalojo violento por la PNP de un bloqueo de la carretera por activistas indígenas que -en el marco de la segunda huelga amazónica- protestaban contra las llamadas Leyes de la Selva (particularmente los DL 1064 y 1090 de mediados del 2008) mediante las que el gobierno de Alan García y la mayoría derechista del congreso facilitaban el ingreso de grandes inversiones en territorios indígenas de la Amazonía Peruana.

La terrible consecuencia inmediata fue la muerte de 33 personas (23 policías y 10 indígenas), 800 heridos con 200 de ellos por impacto de bala, y la desaparición de un Mayor de la PNP. Más de dos décadas después, el Mayor PNP permanece desaparecido; los manifestantes indígenas fueron absueltos después de largos y engorrosos procesos judiciales; y ninguna autoridad policial ni política -incluyendo al entonces presidente Alan García, su primer ministro Yehude Simon, su ministra del Interior Mercedes Cabanillas, su ministra de Economía y Finanzas Mercedes Araoz, y su ministro de Agricultura Ismael Benavides- asumió su responsabilidad, fue investigada o recibió sanción alguna.

La consecuencia positiva de este doloroso suceso fue colocar los derechos de los Pueblos Indígenas en la agenda política nacional, lo que a su vez abrió las puertas a la elaboración, aprobación congresal y veto por Alan García de una Ley de Consulta Previa, la que sería retomada y aprobada por unanimidad en el Congreso en septiembre del 2011 (Ley 29785). Después vinieron la aprobación del reglamento de la Ley 29785 (2012) y la elaboración de la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI 2012) que define quienes son los Pueblos Indígenas y, en consecuencia, quienes pueden ejercer el derecho de consulta previa.

A la fecha, el Ministerio de Cultura (MINCUL) lista 83 procesos de consulta, de los cuales 11 siguen en curso. Siendo el derecho de consulta una conquista fundamental de los Pueblos Indígenas, diversas evaluaciones identifican sus avances y también limitaciones en su diseño e implementación. Se ha señalado que la sola existencia de la Ley, Reglamento, BDPI y procesos culminados o en marcha suponen un reconocimiento de derechos que inclina la balanza del poder hacia la ciudadanía indígena. Pero se ha señalado también que no queda claro quién es indígena y quién no lo es (por ejemplo, la BDPI lista a unas 3,000 comunidades campesinas pero el Censo Nacional de 2017 registra más del doble) y tampoco queda enteramente claro qué decisiones deben consultarse. De la misma manera, se ha señalado que los procesos de consulta se centran en un solo tema (la decisión sobre un proyecto de inversión o sobre una política pública) mientras las poblaciones participantes buscan un dialogo amplio con el gobierno sobre el íntegro de sus problemas, para lo cual la Ley de Consulta no es instrumento adecuado.

Mas allá de los ajustes siempre posibles a la legislación actual, desde la perspectiva de un proyecto de izquierda democrática, la legislación y la experiencia relativas a las consultas plantean dos interrogantes de fondo.

La primera, ¿debemos pasar de la consulta al consentimiento? El Convenio 169 de la OIT y la legislación peruana indican que el estado tiene la última palabra sobre la decisión consultada, esperándose que tome en cuenta los puntos de vista de los pueblos consultaos, pero sin obligación e incluirlos en la decisión final. Sin embargo, es claro que los Pueblos Indígenas participan con la esperanza de que su voz no sea solamente escuchada, sino que sea realmente tomada en cuenta, incluso cuando expresan oposición a una decisión de política o a un proyecto de inversión.

La segunda, ¿debemos universalizar el derecho de consulta? El Convenio 169 de la OIT asigna el derecho a la consulta solamente a los “Pueblos Indígenas y Tribales”, pero en la experiencia peruana poblaciones “no indígenas” como las de Tambogrande en Piura, Celendín y Bambamarca en Cajamarca, y Río Tambo en Arequipa, han exigido y exigen que se les consulte y que se les haga caso en relación con proyectos mineros en esos territorios.

Finalmente, como nos lo ha recordado recientemente Paul Maquet (https://larepublica.pe/opinion/2023/06/08/de-la-resistencia-al-autogobierno-por-paul-e-maquet-317984), desde algunos Pueblos Indígenas se nos plantea ahora un nuevo reto que va bastante más allá que el de la consulta vinculante y universal, cual es el del autogobierno. En efecto, en años recientes las naciones Wampis y los Awajun han constituido sus respectivos Gobiernos Territoriales Autónomos (GTAW y GTAA). Y hay en marcha en las naciones Achuar, Chapra, Kandozi, y Ese-eja, entre otras, procesos que apuntan en la misma dirección.

Se apoyan en el mismo Convenio 169 de la OIT del que se desprenden las legislaciones nacionales sobre la Consulta Previa, Libre e Informada, que en su Artículo 6º dice que “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.” Pero, sobre todo, cómo se me explicó hace en una reunión de AIDESEP, señalan que “estamos cansados de que nos pregunten sobre lo que ellos quieren hacer en nuestros territorios y no nos pregunten lo que nosotros queremos hacer en nuestros territorios”.

¿Cómo nos ubicamos desde la izquierda frente a estos procesos? ¿Reconocemos a los Gobiernos Territoriales Autónomos de la Nación Wampis y de la Nación Awajun? ¿Alentamos los otros procesos ya en marcha en la Amazonía? ¿Alentamos la formación de gobiernos indígenas entre las poblaciones andinas que a lo largo de los últimos años -y muy especialmente en las protestas recientes- han afirmado su identidad, como es el caso de los Aimara? ¿Desarrollamos nuestra propuesta de nueva constitución política desde una perspectiva plurinacional?

No basta con recordar el Baguazo y reclamar sanción para los responsables. Es necesario tener respuestas a los retos que los procesos de consulta y de autogobierno hoy en marcha nos plantean.