El Perú necesita de una nueva Constitución Política. De eso no cabe duda. Después de 30 años de manejo neoliberal de la economía y 20 de transición democrática, el COVID y la actual crisis política han hecho evidente que el diseño del país expresado en la Constitución Política del año 1993, no da para más. Por si esto fuese poco, hay un asunto de decoro: la de 1993 es una constitución nacida de un golpe de estado y hecha para legitimar en el poder a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, hoy justamente presos por ladrones y asesinos.

El reclamo por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución Política ha sido parte de la agenda de las izquierdas peruana desde hace varios años y está adquiriendo peso creciente en la agenda política de la ciudadanía. Si en junio 2021, IPSOS-Perú registraba que 22% de la ciudadanía pensaba que la actual constitución debía permanecer tal cual, mientras que 39% y 32% creían que debía reformarse desde el Congreso o cambiarse totalmente mediante una Asamblea Constituyente,[1] un año después, el respaldo a la actual constitución y a su cambio parcial desde el Congreso bajaban a 18% y 25% respectivamente, mientras que el respaldo a su cambio total mediante una Asamblea Constituyente, crecía al 30%.[2]

Ese respaldo ha continuado aumentando. De acuerdo con el IEP, entre mayo del 2022 y enero del 2023, el respaldo a una nueva Carta Magna elaborada por una Asamblea Constituyente ha crecido de 47% a 69%, mientras que el rechazo a esta idea cayó de 49% a 27%.[3]

Al mismo tiempo, la propia derecha política que dice defender a raja tabla la Constitución del 93, en realidad solamente defiende el capítulo económico, y particularmente la disposición sobre la subsidiariedad del Estado. De hecho, en el Congreso ha venido imponiendo modificaciones constitucionales que apuntan, por ejemplo, a debilitar la posición del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo al eliminar la cuestión de confianza sin regular la vacancia presidencial por incapacidad moral para gobernar, al mismo tiempo.

Así las cosas, resulta que cambiar la constitución o redactar una completamente nueva no es solamente una idea de las izquierdas, sino una necesidad sentida por las propias derechas y, sobre todo, una demanda que va calando en la agenda de la ciudadanía. Además, es posible que una Asamblea Constituyente sea nuestra última oportunidad de canalizar institucionalmente el debate sobre “los hondos y mortales desencuentros”[4] que la crisis presente pone de manifiesto y buscar soluciones. Puestos ya en este escenario, corresponde a la izquierda encauzar esta demanda ciudadana y, para ello, enfrentar algunos retos fundamentales.

El primero es una propuesta clara sobre una diversidad de temas respecto de los cuales se necesitan alternativas a lo que establece la Constitución del 93. Una propuesta constitucional de izquierdas ciertamente debe incluirlas en el tema económico, comenzando por eliminar el precepto sobre la subsidiariedad del Estado, pero también debe tenerlas sobre la organización del Estado, el equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, la descentralización, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, entre otros; el medio ambiente, los recursos naturales y los derechos de la naturaleza; los derechos de las mujeres y de la diversidad; los derechos de los Pueblos Indígenas, la interculturalidad y la plurinacionalidad; los mecanismos de vigilancia y de participación ciudadana; los mecanismos de representación; y tantos otros más.

El segundo desafío es tener una propuesta de representación ciudadana en el proceso constituyente. Ésta puede estar cerrada a los partidos políticos como instrumentos privilegiados de la participación constitucional incluso en un escenario como el actual en el que la gente no confía en los partidos. Pero puede estar abierta, también, a formas diversas de auto representación ciudadana, con los riesgos de fragmentación de las propuestas que entraña, como nos enseña la experiencia chilena reciente.

El tercero es una propuesta clara de la ubicación de la elección de una Asamblea Constituyente en el esquema más amplio de gobierno. Podemos apostar por una que funcione de manera paralela al Congreso Nacional, que se mantenga como Poder Legislativo, como fue el caso de Bolivia y más recientemente de Chile. Pero podemos hacerlo por una Asamblea Constituyente que asuma también la función legislativa, reemplazando al Congreso, como fue el caso del Ecuador.

Un cuarto reto es una estrategia y una política de alianzas para la construcción de una correlación de fuerzas favorables a un desenlace progresista de un proceso constituyente, porque solo una correlación de fuerzas favorable permitirá una importante presencia de la izquierda democrática en la Asamblea Constituyente, que sus propuestas sean incorporadas y que al final, la ciudadanía las apruebe. Es claro que ya podríamos hablar de una correlación favorable a una AC para una nueva constitución, pero lo es igualmente que estamos lejos de una correlación favorable para una constitución más progresista que la actual. De no construirla, corremos el riesgo, por ejemplo, de terminar con una constitución más conservadora que la actual en el terreno de los derechos de las personas o en el del medio ambiente y los Pueblos Indígenas.

Finalmente, enfrentamos el reto de construir un instrumento político, un partido de la izquierda democrática, que haga campaña por la AC, que diseñe y promueva sus propuestas, que construya una correlación de fuerzas favorable a una constitución progresista, que lleve las propuestas y pelee por ellas en la Asamblea Constituyente cuando ésta tenga lugar y que haga campaña por su aprobación final por la ciudadanía.

Son retos complejos. Hay que reconocer -en las izquierdas- que no se parte de consensos sobre muchos de estos temas. Pero son retos que hay que encararlos, y con urgencia, pues la pelota ya se echó a rodar y el riesgo es quedarnos en la condición de meros espectadores.