El gobierno del presidente Boric en Chile ha anunciado que se acelera el Plan Retiro del Carbón, para cerrar las plantas de generación de energía que usan esta energía fósil, la más contaminante de todas.

Hace solamente unos pocos días el recientemente electo presidente Petro en Colombia ha ratificado que la transición energética es una de las prioridades de su gobierno y ha invitado a los gobiernos de la región y al de Estados Unidos a colaborar en la protección de la Amazonía en su condición de gran sumidero de carbono, que la hace escudo protector contra el calentamiento global.

Se produce así, desde estas izquierdas en el gobierno, una ruptura con la apuesta por la captura y redistribución de la renta petrolera y minera como eje central del manejo económico, que había caracterizado hasta ahora a los gobiernos de izquierda o progresistas de la región, incluyendo a Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, da Silva en Brasil,  Morales en Bolivia, y Kirchner en Argentina.

La ruptura es explícita y se funda en una visión de mediano y largo plazo sobre lo insostenible de las economías basadas en el consumo de energías fósiles y el extractivismo en general, y la necesidad de repensar las bases mismas de la economía en la región. Ha declarado Petro: “Al progresismo de América Latina le propongo dejar de pensar la justicia social, dejar de pensar la redistribución de la riqueza, dejar de pensar que es posible un futuro sustentado sobre la base de los altos precios del petróleo, o del carbón o del gas. Porque es insostenible para la existencia humana, a los progresismos de América Latina les propongo pensar que América Latina puede construirse alrededor de la agricultura y las reformas agrarias, de la agro-industrialización, de la industria bajo las nuevas tecnologías, que todas significan la producción sobre la base del conocimiento y el reencuentro con la naturaleza”. “Una América Latina productiva y no extractivista, una América Latina que profundice el conocimiento hasta las máximas esferas del saber de la humanidad, una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir, para poder existir.”

El reto que enfrenta Petro para avanzar en la transición energética es monumental, y ciertamente sin garantía de éxito. Sucede que, para ser exitosa, la transición colombiana requiere avanzar de manera simultánea en el declive planificado de la extracción, exportación y consumo de carbón, petróleo y gas; el incremento de la generación de energías alternativas como las eólicas, solares, geotérmicas e hidro de pequeña escala; la negociación de las condiciones de explotación de las nuevas reservas de cobre; la reversión de la promoción del fracking para extraer hidrocarburos no convencionales.

Acompañando a estos cuatro procesos, que ya de por si demandan una estrategia bastante compleja, será inevitable para el gobierno de Petro abordar el reto de promover alternativas de empleo e ingreso para las poblaciones hoy dependientes del carbón y el petróleo, y también abordar el reto de sacar adelante reformas tributarias que permitan reemplazar los ingresos fiscales que hoy generan el petróleo y el carbón.

Además, si se quiere que el proceso sirva para democratizar la sociedad y la política y merezca el nombre de transición justa, deberá basarse en la participación activa de las poblaciones de los territorios impactados por estos procesos, empoderando a sectores tradicionalmente marginados como los Pueblos Indígenas y otras comunidades étnicas, las mujeres y en general las poblaciones locales, y no solamente en decisiones negociadas entre las elites políticas, los gobiernos y las grandes empresas del sector.

Es bueno aclarar que el giro no es de todas las izquierdas. De hecho, Lula da Silva, que apunta a retornar a la presidencia de Brasil en las elecciones generales del próximo octubre de 2022, se ha apurado a señalar que la propuesta de Petro de frenar la exploración petrolera es irreal. Por su parte, el gobierno de Fernández en Argentina sigue apostando por los hidrocarburos tradicionales y los no convencionales como fuente de energía y de ingresos por exportación. Y ni hablar del gobierno de Lopez Obrador en México, cuya apuesta por el petróleo es total.

En el Perú, en respuesta a la recesión causada por la crisis del COVID y ahora en respuesta a la crisis causada por la invasión rusa a Ucrania, la política ha sido la de insistir en incrementar la producción de petróleo para el abastecimiento interno y los ingresos fiscales. En los hechos, la transición energética no ha sido parte de la agenda de gobierno en los años recientes.

Desde la perspectiva del relanzamiento de las izquierdas no alineadas con la corrupción, el sectarismo, la mediocridad y la falta de visión Pedro Castillo y Vladimír Cerrón, se presenta una disyuntiva. O se insiste en más minería, más petróleo y más gas y más minerales para obtener más rentas con que financiar políticas redistributivas. O se apuesta -como lo hacen Gustavo Petro y el Pacto Histórico en Colombia- por la transición energética, la descarbonización, y la diversificación general de la economía sobre la base de los recursos naturales renovables. En este tema, Colombia señala el camino.

Como en Colombia, en el Perú el reto de una transición energética justa que transforme desde la raíz las relaciones de poder que sostienen el sistema energético actual, es monumental y sin garantía de éxito. Pero es una apuesta por el futuro de la economía, por la salud de los ecosistemas, por el bienestar de las personas. Bien vale la pena.