Dionisio Romero ha confesado que él y empresas del Grupo Credicorp le dieron a Keiko Fujimori 3.65 millones de dólares para la campaña electoral del 2011. Gloria y Volcan han confesado que hicieron lo mismo, y otras grandes empresas están en lista para declarar ante la Fiscalía. Empresarios del sector construcción ya están siendo procesados por su complicidad en hechos de corrupción asociados a Odebrecht y el caso Lavajato. 

Sobre la donación misma, quedan por aclarar un par de cosas importantes. Primero, ¿Fue solamente su plata y la de las ganancias de los grandes accionistas de la empresa como ha dicho Romero? ¿O son recursos de las empresas cuyo gasto ha perjudicado a clientes y accionistas menores? Segundo, ¿Quiénes más en la dirección del grupo empresarial participaron en la decisión y ejecución de esta decisión? Esto importante deslindar a quienes ha perjudicado esta decisión y quienes deben asumir responsabilidad por la misma.

Algunas otras cosas van quedando (más) claras.

A buena parte del gran empresariado formal peruano la democracia le importa un rábano. Su práctica ha sido el financiamiento bajo la mesa para ayudar a ganar a su favorito, y para después cobrarles el favor en la forma de políticas públicas favorables a sus intereses.

Keiko se merece seguir en prisión preventiva pues sus mentiras obstaculizan las investigaciones en curso. Declaró a ONPE poco menos de 17.5 millones de soles como ingresos para la campaña 2011, pero solamente Romero le dio casi 15, y faltan sumar varios más. Además, Romero ha declarado que le entrego dinero en efectivo, cosa que ella ha negado sistemáticamente.

El gobierno debe proteger y potenciar al equipo anticorrupción de la Fiscalía, que está develando la trama de corrupción empresarial y política que ha gobernado el Perú durante décadas, derrotando los continuos intentos del fujimorismo y del aprismo de tirárselo abajo.

Y el nuevo Congreso debe avanzar en las reformas legislativas contra la corrupción política endureciendo las condiciones para el financiamiento privado personal o empresarial y las sanciones penales a quienes mienten al respecto, y asegurando el financiamiento público a las campañas.

Tres para el estribo.

CONFIEP debería expulsar a sus integrantes involucradas en estos hechos. Salvo que el respeto de la ciudadanía les tenga sin cuidado.

El lema del CADE 2019 que se viene es “Una economía para todos”. Sugiero se franqueen y le pongan “Una economía y una democracia para unas pocas empresas”. Así queda todo más claro, ¿no?

YAPE –la campaña del BCP para que la gente no use cash- acaba de ganar el premio a la “Creatividad empresarial” otorgado anualmente por la Universidad Peruana Ciencias (UPC). ¿En serio? Si. No es broma.