Las dirigencias de Fuerza Popular, APRA y sectores de Acción Popular, la cúpula de la CONFIEP y sus estudios de abogados, y algunos opinólogos en los medios, insisten en hablar de golpe de estado y de gobierno dictatorial. Pero nadie les hace caso. Al contrario, queda claro que se ha tratado de un procedimiento constitucional y necesario frente a organizaciones criminales con fachada de partidos políticos, cuyo objetivo era tirarse abajo la lucha contra la corrupción para evitar terminar con sus líderes en la cárcel y sus organizaciones disueltas.  

Las encuestas confirman un respaldo abrumador a la disolución del Congreso y un rechazo total al Congreso y a su ex Presidente Olaechea. Vizcarra ha recibido además el reconocimiento de las Fuerzas Armadas, la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, las asociaciones de municipalidades, y la comunidad internacional. Por su parte, los organismos electorales ya preparan las elecciones congresales de enero del 2020 y los partidos alistan su participación.

En este nuevo escenario, sin la obstrucción fujimorista y aprista desde el Congreso, a Vizcarra ahora le toca gobernar. Y la agenda pendiente es enorme, encabezada por la inseguridad, la reconstrucción del norte, y la generación de empleo.

Desde la izquierda, no podemos bajar la guardia en la lucha contra las mafias de las economías ilegales, las universidades “trucha”, y los fundamentalismos religiosos conservadores. Sus representaciones políticas han quedado chamuscadas. Pero esas mafias y ese conservadurismo pero existen, buscarán reagruparse y se buscarán otras representaciones si las actuales ya no les sirven.

Debemos estar vigilantes ante cualquier indicio de corrupción del gobierno de Vizcarra. En esta lucha no puede haber tolerancia. Es caiga quien caiga. No luchamos contra la corrupción porque las cúpulas fujimoristas y apristas son corruptas. Lo hacemos por principio. Porque ella corroe la democracia y perjudica a los más pobres y los más débiles.

Tenemos que retomar el camino de las reformas políticas y judiciales frustradas o recortadas por la mayoría del congreso. No todas las reformas propuestas por las Comisiones Wagner y Tuesta fueron aprobadas. Y ellas no plantearon todas las reformas que son necesarias.

Debemos disputarle al gobierno las políticas que expresan continuidad neoliberal (economía, ambiente, pueblos indígenas) o falta de alternativas (reconstrucción, inseguridad). Seguir sumando a la pelea por reformas que son indispensables no significa apoyar el íntegro de las políticas o condonar las incapacidades del Presidente Vizcarra.

Estas peleas debemos darlas en la campaña electoral congresal que ahora se avecina. Y después desde el nuevo Congreso que estará vigente hasta mediados del 2021. Y también desde la organización social y ciudadana, como siempre.