En su Mensaje a la Nación, el Presidente Vizcarra –además de proponer el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales- anunció también que el gobierno está preparando una nueva Ley de Minería, idea que le fue propuesta por los gobernadores regionales del Macro Sur en el marco de discusiones en torno a los conflictos que se viven en esa región del país entre poblaciones y autoridades locales y grandes proyectos mineros.  

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se han manifestado en contra de la idea, argumentando que reformar la norma aumentaría la incertidumbre entre los inversionistas, ya preocupados por la crisis política y el posible adelanto de las elecciones generales para el 2020.

La verdad es que la CONFIEP y la SNMPE temen a que debatan públicamente los beneficios fiscales especiales que las empresas mineras consiguieron con la ley vigente durante la dictadura de Alberto Fujimori. Temen que, además, se pongan en debate una serie de aspectos de la legislación ambiental y social que los benefician a costa del medio ambiente y la gente.

Por el contrario, el país necesita una nueva Ley de Minería que se base en la experiencia de las últimas décadas y responda a la nueva realidad nacional y mundial. Conviene pues poner en debate y construir nuevos consensos en torno a todo lo que tiene que ver con la minería, incluyendo las regalías y los impuestos que pagan y los que dejan de pagar a merced de los beneficios tributarios de los que disfrutan; la zonificación y el ordenamiento territorial (OT) que debieran definir donde y que tipo de minería se puede hacer en el Perú; el sistema de entrega de concesiones que debería estar supeditado a las posibilidades que defina el OT; los requerimientos técnicos y de participación ciudadana para la presentación y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA); la composición y los procedimientos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que evalúa y aprueba los EIA; las atribuciones de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) fuertemente mermadas desde el 2014; la puesta en práctica de la Ley de Consulta; los derechos territoriales indígenas; la participación de los gobiernos locales y regionales en todas estas decisiones; etc.

El Perú necesita un nuevo consenso nacional en torno a qué tipo de minería conviene hacer, cuanta y en donde, y bajo qué régimen fiscal, ambiental y social. Sin él, la conflictividad social continuará o crecerá y como resultado los inversionistas mineros no tendrán estabilidad para sus proyectos y sus empresas y los gobiernos no tendrán certeza respecto de la renta minera que esperan.