El presidente Vizcarra tiene la oportunidad de asegurar que a partir de las elecciones del 2021, la voluntad ciudadana sea más importante que el dinero o las cúpulas partidarias, y que solo existan partidos políticos realmente representativos, sin registros legales sin respaldo ciudadano que se ponen en alquiler en cada elección. 

Elecciones en las que la ciudadanía tenga la libertad de elegir entre alternativas políticas que ahora existen y otras nuevas; que no sea el financiamiento privado quien defina quién se puede registrar y hacer más publicidad; que sea la ciudadanía -no las cúpulas partidarias- la que decida quiénes candidatean por los partidos; y que tengamos partidos políticos de verdad y no la actual proliferación de registros legales que en muchos casos no representan a nadie.

Este es el sentido de las 8 reformas legales y 4 reformas constitucionales presentadas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y que el Ejecutivo ahora evalúa para ver qué es lo que finalmente presenta al Congreso para su debate y aprobación.

El 28 de julio del 2018, apenas tres días después de presentadas las propuestas de la Comisión para la Reforma de la Justicia, el presidente Vizcarra las incluyó en su Mensaje a la Nación y encaró al Congreso para su pronto debate y la convocatoria a un Referéndum para que la gente decida. La cosa fue clara: el Congreso tomaba las propuestas y convocaba al Referéndum o el Ejecutivo hacía cuestión de confianza y lo disolvía.

En esta oportunidad, sin embargo, el premier Del Solar aclara que las propuestas no son vinculantes, el presidente Vizcarra anuncia que promoverá un amplio diálogo nacional sobre las mismas, y el presidente del Congreso está convocando a sus propios especialistas para hacer sus propios planteamientos sobre el tema.

Todo eso suena muy correcto, pero también huele a ganas que estas nuevas reglas no apliquen para el 2021, si estas reformas no se aprueban antes de la convocatoria a las elecciones de ese año, ellas se harán con las actuales normas y habremos desperdiciado la oportunidad de limpiar, democratizar y hacer verdaderamente representativo al sistema político peruano.

Sucede que las elecciones 2021 deben ser convocadas en abril del 2020 y para que sean convocadas bajo nuevas reglas de juego, estas reformas –incluyendo las reformas constitucionales necesarias- deben ser aprobadas antes de esa fecha.

El presidente Vizcarra debe demostrarle al país -con hechos- que de verdad quiere sacar adelante estas reformas. Para ello, debe presentarlas al Congreso de una vez exigiéndole premura en su tratamiento. Si el Congreso las demora o las altera, siempre está el recurso de la cuestión de confianza y la disolución.