El país sigue atentamente la lucha contra la corrupción. La expectativa ciudadana es que la nueva información permita acusaciones fiscales contundentes y que las mafias del Poder Judicial no logren trabar los procesos y limpiar a quienes están embarrados hasta el cuello en hechos de corrupción. 

Además, la reforma política y electoral debe incluir medidas preventivas relativas al financiamiento de los partidos y de las campañas electorales, evitando que las grandes empresas y el narcotráfico financien las campañas electorales, para luego recuperar su inversión en la forma de políticas públicas que respondan a sus intereses.

Pero también tenemos que terminar con la “captura del Estado” mediante el mecanismo de las “puertas giratorias”. Hablamos de situaciones en las que personas que vienen de sectores empresariales asumen cargos públicos para diseñar y poner en práctica políticas que sean favorables a las empresas de las que vienen, y a las que regresarán.

Esta dimensión de la corrupción no aparece ni en el discurso ni en las propuestas de reforma del presidente Vizcarra. Sucede que si el Presidente decidiese dar la pelea contra esta cara de la corrupción, tendría que –para comenzar- deshacerse de ministros/empresarios que están en su gabinete precisamente para asegurar los intereses empresariales que representan.

Más aun, tendría que ir a un cuestionamiento de fondo, estructural, de la manera como en el Perú se relacionan el sector privado y el Estado, algo que no está para nada en su agenda. Es que la “captura del Estado” está en la raíz misma del modelo neoliberal. Y, seamos claros, Vizcarra quiere limpiar al neoliberalismo de sus manifestaciones de corrupción más groseras, pero no cuestionarlo de manera sustantiva.

¿Cuál es nuestra pelea en este terreno?

En lo inmediato, prohibir que quienes entren a la función pública regresen inmediatamente a trabajar en los sectores empresariales sobre los cuales han legislado. Y eliminar el sistema de las Asociaciones Público Privadas (APP) que coloca las iniciativas de inversión pública en manos de los empresarios privados interesados en esas inversiones, más allá de de si ellas sirven o no al interés nacional.

La pelea de fondo es por la des-privatización del Estado, lo que supone no solo evitar que siga funcionando el mecanismo de las puertas giratorias, sino también –entre otras cosas- recuperar su capacidad de planeamiento de la inversión pública.

No se trata de que el Estado ejecute directamente toda la inversión pública ni que solamente el Estado se encargue de la gestión de la infraestructura construida.

En muchos casos convendrá licitar obras públicas y concesionar su gestión. Pero tiene que ser el Estado el que decida qué se hace y cuándo se hace.