Recordaremos la noche del 31 de diciembre del 2018 como aquella en que ex fiscal General de la Nación Pedro Chávarry pretendió sorprender al país trayéndose abajo la investigación sobre el caso Lava Jato. Pero no fue esta la única sorpresa de ese fin de año, pues ese mismo día el presidente Vizcarra promulgó el Decreto Supremo Nº 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). 

Como toda norma que sale a la última hora, su promulgación causó alarma y rechazo. De inmediato se generalizó la sospecha que –cual Caballo de Troya- la PNCP traía de contrabando la reforma laboral que el gran empresariado tanto reclama y que el presidente Vizcarra había insinuado como inminente en CADE, al punto de generar la renuncia del ministro de Trabajo Christian Sánchez.

Pues bien, más que amenazas concretas, los 9 Objetivos de Política de la PNCP y sus respectivos Lineamientos de Política, lo que hacen es reforzar una narrativa neoliberal, en la que la perspectiva del mercado arrincona totalmente a la perspectiva de derechos.

Por ejemplo, en el tema laboral se habla de “Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral, considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno”. Es claro que se anuncia acá una reforma laboral y es claro para los trabajadores que los reclamos de los empresarios y la orientación mayoritaria del gobierno es la de fomentar inversiones a costa de derechos.

Por su parte, en el tema ambiental, se habla de “Crear capacidades e instrumentos para la gestión de la puesta en valor de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos; para la promoción de nuevos mercados”. Es también clara una valoración de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos en tanto oportunidad de negocios y no en tanto bienes comunes que contribuyen al bienestar de las poblaciones locales y la humanidad.

Hay razones, pues, para protestar contra esta norma. Y no porque la norma misma disponga medidas concretas que tengan impactos negativos inmediatos sobre –por ejemplo- derechos ambientales y laborales, sino porque ella refuerza una narrativa en las que el libre mercado soluciona todo y los derechos ni siquiera son mencionados. Hacen bien las organizaciones laborales, de derechos humanos y ciudadanas, en convocar para mañana 15 de enero a marchar bajo el lema de ¡Ni Corrupción ni Explotación!

Más allá de la protesta de mañana, habrá que estar atentos al Plan Nacional de Competitividad y Productividad que este mismo DS anuncia. Es muy posible que en ese momento el gobierno ya quiera pasar de afirmar una narrativa neoliberal a implementar medidas concretas que ahora sí recorten derechos laborales, ambientales y otros.