El presidente Martín Vizcarra ha constituido una Comisión de Alto Nivel de Reforma Política. Su encargo es hacer una propuesta de reformas al funcionamiento de los partidos políticos y del sistema electoral, la que debe ser presentada en un plazo de dos meses al Poder Ejecutivo, el que a su turno debe revisarla, ajustarla, y presentarla al Congreso de la República para su debate y aprobación final. 

Tenemos, pues, una gran oportunidad para avanzar de manera sustantiva en reformas indispensables, que vayan mucho más allá de lo logrado en el referéndum de diciembre 2018. Acá algunos aportes, sin orden de jerarquía.

Sobre el financiamiento de las campañas electorales. Algo se avanzó con la reforma aprobada en el referéndum, pero es necesario aprobar el financiamiento público de las campañas electorales, prohibiendo explícitamente la contratación privada de medios masivos de comunicación; limitando y controlando rigurosamente los aportes privados a las mismas; prohibiendo contribuciones desde offshores; y abriendo el secreto bancario y de las comunicaciones de los candidatos y candidatas a cargos electos.

Sobre la representación. Hay que retomar el tema de la bicameralidad, asegurando una adecuada representación de los territorios,y hay que revisar la cifra repartidora, que le dio al fujimorismo una mayoría congresal no representativa de la votación ciudadana que obtuvieron en la primera vuelta.

Sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Hay que eliminar el voto preferencial que estimula campañas personalistas y competencias entre las candidaturas dentro de cada partido y hay que democratizar la elección de las listas de candidatos mediante primarias internas simultáneas, abiertas a la ciudadanía y organizadas por los entes electorales.

Sobre las reglas de acceso y permanencia. Es necesario facilitar el acceso de nuevas candidaturas y partidos a las campañas electorales, y al mismo tiempo hacer mucho más difícil su permanencia. Ello supone, por lo menos, rebajar sustantivamente o eliminar por completo el requisito de firmas y subir el porcentaje de votos necesarios para mantener el registro electoral, mucho más si se trata de alianzas electorales, y la obligatoriedad de participar en todos los procesos electorales nacionales, regionales y locales cubriendo todo el territorio.

Sobre la inmunidad parlamentaria. Hay que limitarla a acciones realizadas en el ejercicio de la función parlamentaria y no a acciones personales previas a dicha función, y hay que establecer que su levantamiento esté a cargo de la Corte Suprema y no del Congreso mismo.

El fujimorismo y el aprismo han atacado virulentamente la existencia de esta comisión y sus integrantes. Es señal de que vamos por un buen camino.