La huelga magisterial precipitó una crisis política y, con el nombramiento del nuevo gabinete, ésta parece haber concluido en una tregua. Pero hay que tener claro que en esta crisis lo que ha estado y sigue estando en debate no es solamente la política educativa sino también, y principalmente, la angurria de poder de Keiko y el fujimorismo. 

Desde el magisterio y desde el Congreso Nacional se reclamó la salida de la Ministra Martens por su incapacidad para entender y responder a la huelga magisterial. La reacción del aun Primer Ministro Zavala fue pechar al Congreso pidiendo un voto de confianza para todo el gabinete, poniéndose en plan de “si se va ella, nos vamos todos”. Y bueno, se fueron ellos. Tenemos ahora nuevo gabinete, con alguna gente nueva en cargos claves.

Desde el punto de vista de la apuesta estratégica por una mejor educación, el remedio es bastante peor que la enfermedad. El nuevo Ministro Vexler se estrenó con una pachotada machista que hubiese sido suficiente motivo para la renuncia de un ministro –sobre todo uno de Educación- en cualquier país en que se respete a la mujer. Pero, ¡este es el Perú señores! Además, ya anunció –con medias palabras que son más claras que el agua- que cederá a las presiones fujimoristas contra la SUNEDU y la certificación de las universidades y contra los contenidos del currículo escolar referidos al género. Punto a favor del fujimorismo corrupto que se financia de dueños de universidades bamba y que se apoya en el fundamentalismo evangélico que considera a la mujer inferior y a la homosexualidad una enfermedad y un pecado.

Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción y la violación de los derechos humanos y contra la impunidad, el nombramiento del nuevo Ministro Mendoza en la cartera de Justicia parece allanar el camino hacia el indulto a Alberto Fujimori y no anuncia firmeza en la lucha contra la corrupción. Nuevo punto en favor del fujimorismo, que nunca ha terminado de aceptar que su líder máximo está bien preso por asesino y por ladrón y que sigue negando en todos los tonos que Keiko también recibió plata de Odebrecht y no solo del Joaquín Ramírez, el investigado por lavado de activos. Y también en favor de Alan García, sobre el que crecen los indicios de vinculaciones indebidas con las constructoras brasileras.

Desde el punto de vista de la gestión de la salud, el nombramiento del Ministro D’Alessio dará mucha más fuerza al impulso privatizador y a la hegemonía de las farmacéuticas y el combo clínicas/aseguradoras en la provisión de los servicios de salud. Punto a favor del gran capital. Es que para privatizar un sector no se necesita saber mucho del mismo, pero si tener clara una orientación tecnocrática neoliberal y vínculos con los sectores empresariales interesados.

Las declaraciones de los voceros fujimoristas ante el nuevo gabinete -y en particular del Presidente del Congreso Luis Galarreta después de reunirse con la nueva Premier Mercedes Araoz- apuntan a darle la confianza al nuevo equipo de gobierno. La gente de Keiko se sabe ganadora de esta crisis y no lo oculta. ¿Estamos pues ante una tregua política después de tantos meses de continuos enfrentamientos? Así parece, y lo festejan los líderes empresariales y sus voceros en los medios de comunicación, recordándoles a Keiko y PPK que -en verdad- entre ellos no hay mayores discrepancias programáticas y que debieran estar unidos para garantizar que las políticas económicas y sociales neoliberales se mantengan intactas.

Pero se engaña quien piense que esta tregua será duradera. Sucede que la agresividad del fujimorismo contra PPK y su gobierno no es por discrepancias programáticas sino por ambiciones estrictamente políticas. Keiko y su gente no terminan de aceptar que perdieron la elección del 2016, saben que al 2021 no llegan en posición ganadora, y necesitan una crisis política de tal magnitud que lleve mantenga arrinconado al gobierno sin permitirle ningún tipo de éxito, y quizás incluso un adelanto de elecciones para ganar cuanto antes sin el riesgo del desgaste.

Por ello el silencio de Keiko y de la bancada respecto del posible indulto de Alberto Fujimori, solitariamente reclamado por Kenji. Keiko sabe que la libertad de su padre le generaría un liderazgo paralelo, y la dejaría sin otra agenda que la de su propia ambición.

El fujimorismo volverá a la carga. Seguro que apoyará a PPK en las “reformas estructurales” que el empresariado reclama, pero hará todo los posible para que a PPK nada le salga bien (como frenar el Proyecto Chinecas de acuerdo a lo revelado por la Congresista Ponce) y buscará bajarse a ministros, al gabinete entero y a hasta a PPK mismo apenas tenga la posibilidad de hacerlo.

Mientras no exista una tercera opción de gobierno que sea viable, el dilema del país seguirá siendo –como en la segunda vuelta- entre el actual gobierno PPK de los grandes grupos empresariales y un eventual gobierno Keiko de las mafias de todo tipo que la respaldan. Tirarse abajo a PPK sin tener una alternativa realmente viable es jugar abiertamente Keiko, que es sin ninguna duda la peor alternativa para el país. El reto es –más allá de cómo votar en un Congreso en el que el fujimorismo tiene mayoría absoluta para hacer lo que quiera- es construir esa alternativa. Liderazgo, propuesta, organización. Ese es el asunto.

Desde la izquierda, la mesa está servida. Pero es necesario remontar la política de la afirmación de las pequeñas capillas partidarias y lanzarse a la construcción de un gran movimiento ciudadano que convoque a esas tres millones de personas que respaldaron la candidatura de Veronika Mendoza el 2016. Y no me refiero a armar una plataforma negociada entre los muchos partidos y corrientes que existen (hay sumas que restan) sino a convocar a un gran proceso de movilización y organización ciudadana al interior del cual los partidos –si deciden sumarse- tengan que pelear en elecciones con voto universal, directo y secreto su presencia en instancias de dirección.