América Latina: El fin del “superciclo” amenaza con revertir reformas institucionales
Publicado en AULA, American Universityhttps://aulablog.net/Abril 7 del 2017
Políticas adoptadas en respuesta al final del “superciclo” han frenado y, en algunos casos, revertido las reformas que -durante la década pasada- significaron para la región hacia una mayor descentralización, participación ciudadana y protección ambiental.
Gobiernos de izquierda y de derecha en América Latina lograron durante el “superciclo” de las commodities tasas de crecimiento y de caída de la pobreza sin precedentes. También impulsaron reformas institucionales para mejorar la gobernanza.
Aun antes de que la demanda y los precios por la energía y los minerales de América Latina comenzaran a crecer a inicios de los 2000, algunos países latinoamericanos lanzaron procesos de descentralización (Colombia y Bolivia); comenzaron a institucionalizar la participación ciudadana en las tomas de decisiones (Colombia y Bolivia); y construyeron marcos institucionales crecientemente fuertes para la gestión ambiental (Colombia y Ecuador). Perú avanzo con la descentralización y la participación a inicios del “superciclo” y creó un Ministerio del Ambiente cuando éste estaba en su momento más alto.
La puesta en práctica de estas reformas fue subordinada por los gobiernos al objetivo mayor de la promoción de inversiones en el sector extractivo. Por ejemplo, en el Perú el derecho a la consulta indígena fue aprobado en la segunda mitad del 2011, pero su implementación demoró un año y se limitó solamente a los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica. El Presidente Ollanta Humala, cediendo al lobby minero, afirmó que no había indígenas en los Andes y que por tanto no se necesitaba hacer consultas en torno a los proyectos mineros. La presión local finalmente llevo a revertir esa política y para inicios del 2015 se habían iniciado cuatro procesos de consulta en torno a proyectos mineros de tamaño mediano.
Estas políticas reformistas han experimentado retrocesos desde que la pérdida del apetito de Asia, y particularmente de China, por nuestra energía y nuestros minerales ha causado la caída de sus precios – y consecuentemente la caída en el valor de las exportaciones, los impuestos y las regalías, y los ingresos fiscales. Los últimos datos de la CEPAL muestran una caída en las tasas de crecimiento y un rebote de la pobreza tanto en términos absolutos como relativos. La caída gradual de los precios de los minerales desde el 2013 y el colapso de los precios del petróleo a fines del 2015 han revertido estas tendencias positivas.
La respuesta de los gobiernos de los países dependientes de estos recursos ha sido aplicar políticas de “carrera hacia el fondo”, que incluyen retrocesos en políticas fiscales, sociales y ambientales. La preocupación principal de los gobiernos ha sido promover inversiones en estas nuevas y más adversas circunstancias. En este nuevo escenario, la descentralización, la participación y la gestión ambiental han sido impactados negativamente en la medida en que la participación de autoridades sub nacionales y de la población, tanto como los estándares y procedimientos ambientales, son percibidos por las empresas y los funcionarios encargados de generar renta pública, como obstáculos a la inversión.
En el Perú, la Ley 30230 del 2014, por ejemplo, redujo las tasas de impuestos, debilitó las capacidades de fiscalización del Ministerio del Ambiente y debilito la capacidad de las poblaciones indígenas de reclamar tierras públicas como suyas.
La correlación entre los años del “superciclo” y el progreso y posterior retroceso de estas reformas es claro (ver infografía). Durante el “superciclo”–cuando se generaban enormes ganancias y rentas públicas- las empresas y los gobiernos esta dispuestos a incorporar el costo de la participación ciudadana, la descentralización y los estándares y protocolos ambientales. Pero ahora, los gobiernos están desesperados por nuevas inversiones para compensar la caída en el crecimiento económico y los ingresos fiscales, y las empresas extractivas ya no están dispuestas a asumir estos costos adicionales. Quienes se oponen a esta estrategia de “carrera hacia el fondo” están peleando duro para restaurar estas reformas y seguir adelante con la descentralización, incrementar la participación y fortalecer la gestión ambiental, de manera tal de construir una nueva gobernanza democrática de los territorios y de los recursos que estos contienen.
Esta nota se basa en el Reporte Minería y Marcos Institucionales en la Región Andina, preparado por Natural Resource Governance Institute (NRGI) con apoyo de la cooperacion alemana GIZ. El reporte fue elaborado por Eduardo Ballón, Raul Molina, Claudia Viale y Carlos Monge, y puede verse en http://redextractivas.org/mineria-marcos-institucionales-la-region-andina/.
Pronto estarán también publicados los reportes nacionales que sustentan el Reporte Regional, y la versión en ingles de este último.