COOPERACCION (www.cooperaccion.org ) y CONVOCA (www.convoca.pe) han culminado recientemente investigaciones sobre la asignación del agua en zonas mineras y sobre el impacto de las normas aprobadas desde el 2014 que facilitan la aprobación de cambios en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).  

Los resultados ilustran sobre deficiencias en la gobernanza de la minería que están a la base de la mayor parte de los “conflictos socio ambientales” que se dan entre las poblaciones locales y las empresas mineras. Estas deficiencias necesitan ser superadas para reconciliar las actividades extractivas con el desarrollo sostenible en los territorios ricos en recursos.

Con respecto a la asignación del agua, la investigación ha revisado la legislación nacional y los arreglos institucionales relacionados con la gestión del agua, y también la experiencia concreta de la cuenca hidrográfica del Río Grande (provincia de Cajamarca, Cajamarca región) y las de los ríos Cañipaco y Salado (provincia de Espinar, región Cusco).

Los resultados son preocupantes, por decir lo menos: hay opacidad con respecto a la asignación de derechos de agua a los diferentes usuarios; el estado utiliza información sobre la disponibilidad de agua de la cuenca que tiene más de 20 años de antigüedad y sólo ahora la está actualizando; como los glaciares retroceden y ciclos de agua convertido en inestables, hay estrés hídrico en áreas donde está creciendo la explotación minera, y su demanda de agua; las oficinas locales de la Administración Nacional del Agua (ANA) son extremadamente débiles frente al poder de los megaproyectos mineros; la información y análisis con respecto al agua en los EIAs en insuficiente; etc.

Sin embargo, la escasa información facilitada hasta ahora por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) permite para ver que detrásdel muy bajo promedio nacional de consumo de agua por la minería (1.3%), en ciertas cuencas la minería está realmente consumiendo porciones muy significativas del agua disponible. Esto es así porque el promedio nacional de consumo minero de agua incluye la cuenca del Amazonas, e la que casi no se hace minería pero que contiene el 95% de toda el agua en el territorio peruano. Si uno retira la Cuenca Amazónica del cálculo observa las cifras cuenca por cuenca, la imagen que emerge es bastante diferente.

En la provincia de Cajamarca, una historia de impactos negativos en el suministro y la calidad del agua ha sido fuente de conflictos de larga data entre las poblaciones locales y el proyecto minero Yanacocha, ubicado en la cuenca del río Grande. Desconfianza similar ha llevado a las poblaciones rurales en las provincias de Celendín y Bambamarca a rechazar y paralizar el nuevo proyecto de Conga, también propiedad de Yanacoha. En Espinar, las autoridades y poblaciones locales culpan al proyecto minero Tintaya por la contaminación de las cuencas hidrográficas con impactos negativos sobre la salud de la población, el ganado y la tierra.

En relación con los EIA, la legislación permite a un propietario (Suiza Xstrata) vender la concesión de una mina de gran escala como Las Bambas a un nuevo dueño (GMM, propiedad de China Minmetals); le permite este nuevo propietario modificar sustancialmente el diseño del proyecto sin la intervención del Estado; y, desde mediados de 2014, también permite a las autoridades nacionales aprobar cambios en la situación EIA sin informar (mucho menos consultar) con las autoridades y las poblaciones locales.

Como resultado de este marco legal, el Ministerio de Energía y Minas aprobó cambios en el EIA para el proyecto Las Bambas después de varios cambios en su diseño operacional, incluyendo nuevos molinos de minerales en la zona de producción y un sistema de transporte en camión. Esta aprobación a su vez ha provocado masivas protestas sociales contra un proyecto que previamente había conseguido obtener licencia social para operar.

Estos resultados de las investigaciones deben ser discutidos y enfrentados. Algunas reformas son imprescindibles. Para empezar, generar y poner a disposición información con respecto al agua asignada cuenca por cuenca y año por año. No hay ninguna razón para que sí podemos acceder a esta información sobre las concesiones territoriales para la minería, y no podamos hacerlo para los derechos de agua. Del mismo modo, existe la necesidad de actualizar la información sobre la disponibilidad de agua en el nivel de la cuenca, especialmente para las más afectadas por el calentamiento global. Finalmente, la ANA nacional y sus instancias locales tanto como instrumentos como los EIAs deben reforzarse para superar la actual asimetría de poder ante las empresas mineras y para evaluar el impacto total de las actividades mineras sobre la disponibilidad y calidad del agua para todos los usuarios de las cuencas.

Si esto no se hace, lo más probable es que la promoción de proyectos de minería e hidrocarburos seguirán enfrentando la resistencia social local y que la noción de un sector extractivo sostenible seguirá siendo escurridiza.