El Ministro del Ambiente ha culpado a la transición post extractivista de la resistencia de Islay contra el proyecto Tía María y de todos los conflictos que enfrentan a poblaciones locales contra mega proyectos extractivos. Se sumó Lampadia -con una nota para la historia del ridículo- denunciando que la transición post extractivista y la propuesta de Nueva Minería amenazan con convertir al Perú en una “sociedad de pastores pobres y viejos”. 

En suma, habría ideas (transición post extractivista, nueva minería) que guían ciertas acciones de resistencia (Tía María y todas las demás) y los que postulan esa idea (Tierra y Libertad, la izquierda en general) resultan responsables de esas acciones. Aldo Mariátegui ya lo dijo con toda claridad: si las ideas son las responsables, hay que ilegalizar a quienes producen esas ideas. Hay que ilegalizar a Tierra y Libertad.

Así, Manuel Pulgar Vidal, Pablo Bustamante y Aldo Mariategui forman un coro que –incapaz de debatir visiones o de entender porque surgen los conflictos- llaman a reprimir tanto a los que resisten como a los que postulan visiones alternativas del rol de la minería en el país.

La verdad es que las relaciones entre la transición post extractivista y la propuesta de Nueva Minería de un lado, y los conflictos sociales de otro, son al revés de lo que ellos postulan. La verdad es que la resistencia social ante los mega-proyectos y algunas políticas públicas –que vienen de mucho antes de la formulación de estos textos- son más bien la fuente de inspiración de estas visiones.

Hablamos de conflictos contra proyectos mineros como los de Tambogrande y Majaz en Piura o contra leyes pro gran capital en la Amazonia como el de Bagua en Amazonas. Y de resistencias sociales contra proyectos extractivistas en diversos países de América Latina. Y de políticas públicas como las de Costa Rica y la iniciativa Yasuni en Ecuador, que buscan opciones de bienestar no basadas en las industrias extractivas. Todas ellas son previas a la formulación de estas visiones alternativas.

Algunos importantes cambios institucionales son igualmente resultado de luchas de resistencia. La Ley de Consulta es consecuencia directa de la resistencia indígena y el Baguazo. Y no habría Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a cargo del Ministro Pulgar Vidal y el MINAM si el conflicto de Conga no evidencia lo absurdo de que el Ministerio de Energía y Minas siguiese aprobando los Estudios de Impacto Ambiental.

En lugar de amenazarnos con la ilegalidad, vamos al debate. Sobre las resistencias, las visiones y los cambios institucionales.