Mientras que en todos los países de América Latina mantuvieron y hasta fortalecieron sus empresas petroleras estatales, en los 90 Petroperú fue vendida por pedazos, quedándose tan solo con la Refinería de Talara y la comercialización hacia los mercados que no le interesaron al sector privado.

Desde ese entonces, un reclamo permanente de la izquierda ha sido el que Petroperú regrese a la actividad productiva para que el estado capture más renta y para que tenga soberanía sobre el uso que se le debe dar a ese petróleo. Finalmente esa batalla se ha ganado y ya es oficial que Petroperú se hará cargo de la explotación del Lote 64, que fue devuelto por la empresa Talisman al estado peruano hace poco tiempo.

¿Celebramos? Pues, en verdad, no.

El Lote 64 está ubicado en la Provincia de Datem del Marañón, Región Loreto, en un ecosistema tan frágil como rico en biodiversidad y que es territorios de vida de pueblos Awajun, Ashuar, Wampis, Chapras y Shawis.

Ni la anterior concesión del Lote 64 a Talismán ni la actual entrega de este Lote a Petroperú han sido consultadas con esos pueblos indígenas. De hecho, por esta razón las organizaciones indígenas de la zona ya preparaban una Demanda de Amparo, presentación que suspendida cuando Talismán devolvió la concesión al estado, pero que con seguridad será retomada ahora. Sucede además que el reciente derrame de petróleo en la cuenca del Cuninico hace ver que Petroperú no tiene la capacidad de prevenir este tipo de situaciones, ni de reaccionar adecuadamente cuando estos accidentes ocurren.

Y todo esto en un territorio en donde -de un lado- tenemos el desastre ambiental y humano acumulado por 40 años de explotación en rio Corrientes y cuencas aledañas que ni estado ni empresa parece tener capacidad ni ganas de compensar y reparar, y -por el otro- tenemos crecientes tensiones entre las poblaciones awajun wampis y empresas mineras y petroleras que quieren operar en sus territorios.

Estuvo mal la privatización de Petroperú y está muy bien que vuelva a ser una empresa integrada. Pero la explotación del Lote 64 por Petroperú -o por quien sea- pone en debate estrategia energética y Amazónica del estado peruano y sus políticas concretas sobre los derechos territoriales y al consentimiento previo de los pueblos indígenas.

Lamentablemente, sea mediante concesiones a empresas privadas o ahora con la estatal Petroperú, el gobierno peruano sigue considerando a la Amazonia como espacio vacío y potencial fuente de energía fósil y de renta pública. Los derechos de los pueblos indígenas y cuidado del medio ambiente son más bien un estorbo.