Esta nota es escrita lunes en la mañana. Todavía no se ha presentado formalmente el paquete reactivador que el Presidente Humala y el Ministro Castilla vienen anunciado desde hace días, pero hay muchos indicios de hacia dónde apunta: bajarle los costos a la inversión privada debilitando aún más nuestra ya precario sistema de protección de derechos sociales y ambientales, desprotegiendo a los trabajadores y a los recursos naturales que les dejamos a las futuras generaciones.

En entrevistas en los últimos días, el Ministro Castilla ha dejado entrever los componentes sustanciales del paquete que se viene: reducir la carga tributaria a 180,000 deudores antiguos con deudas incobrables; reducir los costos burocráticos de trámites para inversión, con énfasis en los gobiernos locales; reducir los costos laborales sobre todo moderando las sanciones por infracciones en las normas laborales; reducir costos los ambientales sobre todo por el lado de los requerimientos y plazos para los EIAs y las multas de la OEFA y así destrabar 11 mil millones de dólares en inversiones que estarían paralizadas por esta causa.

Y todo esto mientras se espera que nuevos proyectos mineros y concesiones de infraestructura permitan sostener una tasa de crecimiento del 6% anual. Así al menos se expresa en entrevista publicada el día de hoy en uno de sus voceros favoritos, el Diario El Comercio: “Estamos seguros de que la reactivación de la economía se va a dar por los proyectos mineros y las concesiones.”

Esta reactivación plantea varios y muy serios problemas. El principal es que –aunque se dice que el escenario mundial ha cambiado, que el viento ya no está a favor- se mantiene la apuesta por la minería como motor del crecimiento y se confía que dos o tres grandes proyectos nos sacarán del problema. Por esa misma razón no hay medidas que apunten al reactivamiento de la demanda interna. Por el contrario, en la jerga neoliberal bajar o reducir costos o sobre costos laborales es siempre sinónimo de desproteger a los trabajadores por el lado de su salario, derechos sociales o condiciones laborales.

La cosa se viene tan fea por el lado de las normas ambientales -se buscaría hacer menos exigentes los Estudios de Impacto Ambiental y aprobarlos más rápidamente y bajar las multas que impone la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental- que ha habido rumores de una posible renuncia del Ministro Pulgar Vidal. Veremos que pasa.