El conflicto en torno a Mina Conga es una herencia directa del extractivismo neoliberal. Mina Conga es un proyecto de la empresa Yanacocha, que a su vez es propiedad de las empresas Newmont (Estados Unidos, accionista mayoritario) y Buenaventura (Perú, accionista mino- ritario). El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), es accionista minoritario de la empresa Yanacocha. La inversión programada es de casi cinco mil millones de dólares y, de concretarse, sería el proyecto minero más grande del país hasta la fecha.

La oposición de la población y las autoridades locales a Mina Conga se sustenta en varias razones.

Falta de credibilidad del mensajero

La empresa Yanacocha tiene severos problemas de credibilidad. Su actual proyecto en la provincia de Cajamarca se ha caracterizado por una sucesión de conflictos con las poblaciones rurales, que después se extendieron a una confrontación generalizada con la población y las autoridades de la ciudad de Cajamarca cuando la empresa pretendió extender sus operaciones al Cerro Quilish, el acuífero de la ciudad. Recientemente, ha sido acusada de ser la responsable de la desaparición de las aguas del cauce del río Grande, razón por la cual la ciudad estaría consumiendo agua usada por la mina, reciclada y vertida nuevamente al lecho seco del río.

Falta de credibilidad de los procesos

El Proyecto Conga fue desarrollado en el marco de las normas y procedimientos vigentes durante la década anterior. Hasta el año 2007 no había Ministerio del Ambiente (MINAM) (1) y todos los aspectos ambientales relativos a la minería estaban a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el mis- mo que era responsable de promover la inversión. Cuando fue creado, al MINAM no se le dieron competencias en materia de grandes proyectos como este. Además, no se había iniciado en la región el proceso de la zonificación económica y ecológica ni había un plan de ordenamiento territorial.

Los procesos de consulta que la empresa Yanacocha ha realizado en torno al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fueron hechos cuando no había aún Ley de Consulta y no era el Estado sino la empresa la que los llevaba adelante, así como las audiencias sobre los EIA como parte de su estrategia de promoción de la inversión. El propio presidente de Yanacocha ha reconocido que el 70% de los participantes en la consulta eran en ese momento trabajadores de la empresa.

Falta de credibilidad del mensaje

Mina Conga planea destruir cuatro lagunas en las alturas de Celendín, dos para hacer el tajo y dos para usarlas como botaderos de deshechos. En compensación, ofrece hacer reservorios ubicados entre dos y cuatro kilómetros de distancia de las lagunas actuales, prometiendo más agua y una reproducción perfecta del sistema interno que -desde esas lagunas- alimenta los actuales bofedales y el sistema hídrico de las cuencas de los tres distritos circundantes. La gente no cree que esto sea posible. Además, el actual MINAM ha realizado un análisis del referido EIA, le encuentra serias debilidades al componente hidrológico y sugiere —al respecto— un estudio independiente que lo valide antes de seguir adelante con las operaciones.(2)

El presidente Humala: Camino al neoextractivismo

El concepto del neoextractivismo (3) refiere a gobiernos de la región que han nacionalizado la renta extractiva (Bolivia y Ecuador) o estatizado la industria (Venezuela) pero que siguen viendo a las industrias extractivas como palanca fundamental del desarrollo, subordinando a esa lógica los derechos de la población y el medio ambiente.

La política de Gana Perú parece orientarse en esa dirección. En agosto de este año, el premier Lerner anunció la negociación de un aporte adicional de tres mil millones de soles por parte del sector minero10 y la viabilidad de una cartera de inversión por cuarenta y seis mil millones de dólares. El Presidente ha ratificado el mensaje diciendo que:

“El proyecto Conga es importante para Perú porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano”.(5)

Y fue más allá al anunciar que la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del MINAM se trasladaría a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y que lo mismo ocurriría con la evaluación y aprobación de los EIA (ahora en el MINEM) y con la Autoridad Nacional del Agua (ahora en el Ministerio de Agricultura, MINAG), anuncios que van en sentido totalmente opuesto a la agenda del ministro Giesecke y su equipo, quienes han venido reclamando que se mantenga y fortalezca la OEFA en el MINAM y se pasen a este Ministerio las evaluaciones y fiscalizaciones ambientales y los EIA, para evitar el conflicto de intereses que significa que esa responsabilidad esté en un MINEM encargado de promover las inversiones.

Un análisis malicioso diría que la decisión tomada busca asegurar para el Presidente y el Premier el manejo político de los aspectos ambientales de la minería, en lugar de apuntalar en el MINAM una gestión técnica con relativa autonomía de las negociaciones entre el gobierno y las empresas mineras.

La apuesta central es pues asegurar las grandes inversiones mineras para que estas financien la inclusión social. Resulta conveniente entonces una institucionalidad ambiental fragmentada y manejada políticamente desde la PCM. En este marco, que calza perfectamente con el concepto de neoextractivismo, la gran inversión minera es la condición primera y más importante para el crecimiento y la inclusión, y todo lo demás (medio ambiente y poblaciones locales) se le debe subordinar.

Buscando salidas hacia un escenario post-extractivista

Se ha planteado como medida inmediata paralizar el proyecto hasta realizar una evaluación seria e independiente del EIA elaborado por Yanacocha y aprobado por el MINEM. En esta dirección apunta el informe realizado por el MINAM. Sin embargo, el ministro Giesecke ha buscado limar los ángulos más afilados del informe, enfatizando que el EIA ya está aprobado y que el proyecto va y que se trata apenas de mejorar algunos de sus aspectos. Habrá que ver qué sucede en los próximos días.

De manera más amplia, se está planteando la necesidad de un Acuerdo Nacional sobre la Minería y el Medio Ambiente que permita construir consensos básicos sobre el rol de la minería en la economía nacional, regional y local, y sobre los marcos institucionales para la toma de decisiones respecto de los grandes proyectos mineros.

Sin mencionar aún los temas referidos a la reglamentación de la Ley de Consulta, los elementos a la base de un nuevo consenso nacional sobre el tema debieran incluir al menos, entre otros, los siguientes temas:

• Cambio en el procedimiento de las concesiones mineras e hidrocarburíferas

En un nuevo diseño, la entrega de concesiones debe estar supeditada a lo que digan la zonificación y el ordenamiento del territorio y a la consulta previa, y debe suponer el compromiso empresarial de hacer exploración y producción, evitando el uso especulativo de las concesiones.

• Fortalecimiento del Ministerio del Ambiente

Se debe mantener en el MINAM y fortalecer la OEFA y transferirle la evaluación de los EIA y la conducción de la Autori- dad Nacional del Agua (ANA), con los recursos necesarios para que haga bien su trabajo.

• Aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial

Hay que proceder de inmediato a un debate nacional sobre la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, la que debe estar sustentada en una estrategia de zonificación económica y ecológica concertada con los ministerios, los gobiernos regionales y locales, y las organizaciones sociales y del sector empresarial.

• Definición de las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales en la gestión del sector extractivo

Los gobiernos regionales y locales no participan en el otorgamiento de concesiones ni en la negociación de contratos; tampoco en la evaluación de los EIA ni la evaluación y fiscalización ambiental, etc. El marco normativo que no les da competencia en estos temas es hoy inviable, y de hecho ya está rebasado por la propia realidad. En efecto, los gobiernos regionales y locales ya intervienen en el tema mediante los procesos de zonificación económica y ecológica y las consultas ciudadanas.

Si se hacen consultas, en algunos casos la población local dirá que NO. Y si se realiza la zonificación ecológica y económica, en algunas zonas NO se podrá hacer minería. No es pues realista pensar que tendrán luz verde los 46 proyectos que se encuentran registrados en la cartera de proyectos del MINEM y que se materializarán todas las inversiones anunciadas.

Lo responsable como país es comenzar a pensar en estrategias de diversificación de fuentes de renta pública, divisas por exportaciones, y empleo para no depender tanto de un sector que genera tal nivel de resistencia social. Asimismo, construir un marco institucional que garantice que las decisiones sobre actividades extractivas (y otras grandes inversiones) se hagan respetando la voluntad de las poblaciones locales y protegiendo los recursos naturales no renovables para las futuras generaciones, y definir una estrategia de crecimiento y bienestar que dependa cada vez menos del sector extractivo.

Tales son los componentes mínimos de una transición posextractivista. En el Perú este es un debate que recién comienza en círculos limitados,(7) pero la realidad hace cada vez más urgente llevarlo al plano de la política regional y nacional. Las decisiones que tome el gobierno en estos días y semanas sobre Conga, los proyectos de inversión en zonas aledañas, y la minería en general, nos dirán si vamos por el camino ya probado del neoextractivismo nacionalista redistributivo, o si somos capaces de explorar nuevos caminos que nos lleven a romper con el extractivismo en cualquiera de sus variantes. Esa sí que sería una gran transformación.

Publicado en Quehacer, en diciembre de 2011

Notas:

(1) Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado el 14 de mayo del 2008.

(2) El análisis y sus recomendaciones se hicieron en los días previos al inicio del paro regional contra Mina Conga, pero sus contenidos fueron difundidos por el gobierno recién el domingo 27. IDL Reporteros lo obtuvo y comentó días antes

(3)  Eduardo Gudynas, Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Lima: Centro Latinoamericano de Ecología Social - CLAES, 2009.

(4) Impuesto extraordinario + gravamen extraor- dinario + nuevo esquema de regalías. Mis esti- mados y varios otros señalan que en realidad el aporte adicional estaría entre 1000 y 1500 millones de soles.

(5) En Peru.com, miércoles 16 de noviembre del 2011.

(6)  La República, 28 de noviembre del 2011.

(7) Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE y CLAES, Transiciones, post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Lima, 2011