El Tribunal Constitucional, en el día previo a que el Congreso Nacional eligiese varios nuevos miembros, emitió un fallo estableciendo que el estado debe honrar su deuda con los tenedores de bonos de la reforma agraria, actualizando a precio de hoy el valor de esos bonos, y añadiendo intereses y moras. De nada valió que el Presidente de la República le rogase que no tome tan importante decisión de manera apresurada. No le hicieron caso, y esa misma tarde se anunció su sentencia.

La derecha política, empresarial y mediática aplaudió la decisión. Las deudas se pagan. Se hace justicia con las víctimas de la reforma agraria. Se reparan los daños que esta causó. Son frases que se han leído y escuchado en estos días. El mensaje de fondo: la reforma agraria fue un abuso que no debe repetirse.

Pero lo que no se ha dicho con la necesaria fuerza es que la mayor parte de los bonos de la reforma agraria ya no están en manos de sus tenedores originales, sino que han sido comprados a precios ínfimos por empresas o personas interesadas en lograr una ganancia especulativa el día que el estado pague. Y resulta que las dos principales empresas tenedoras de estos bonos son la norteamericana Gramercy (se habla de 60% de los bonos) y el peruano Banco de Crédito del Perú (se habla de 20 o 25% de los bonos). Entonces, no se trata de reparar a las víctimas de la reforma agraria sino de asegurarle un negociazo a dos empresas que quieren lucrar con la necesidad de vender de tenedores de bonos que seguramente tenían necesidades urgentes o perdieron la esperanza de alguna vez redimir sus bonos.

Pero lo más increíble es que se sabe ahora que en el TC la votación estaba empatada y que el Presidente del mismo, Oscar Urviola, uso su voto dirimente para sacar adelante la decisión que beneficia claramente a esas dos empresas. Y se sabe ahora que este mismo integrante y Presidente del TC fue durante años parte del equipo de asesores legales del BCP. Es decir, su voto definió una decisión que beneficia directamente a su ex empleador.

Ahora bien, ya desde el inicio de este gobierno, tocaba renovar varios miembros del Tribunal Constitucional. Y de acuerdo a los procedimientos establecidos toca al Congreso Nacional elegir con votación calificada a los integrantes del TC. La decisión se venía postergando pues no se lograban acuerdos entre las bancadas que permitiesen que alguna propuesta tuviese la cantidad necesaria de votos. Y lo mismo pasaba con la Defensoría del Pueblo y con miembros del Directorio del Banco Central de Reserva.

Hasta que finalmente se logró un acuerdo: Gana Perú su gente en el TC, Perú Posible logra la Defensoría del Pueblo, el fujimorismo logra ingresar al TC, el PPC pone su gente en el BCR. Peor aún, varias de las personas colocadas como resultado de esta repartija tienen serias limitaciones profesionales y hasta severos cuestionamientos éticos para asumir estas altas responsabilidades. Destacan acá los casos de Pilar Freitas (varias denuncias que hacen dudar de su ética personal) y de Rolando Sousa (del mismo estudio legal del abogado del reo Fujimori).

El arreglo terminó involucrando también a la Municipalidad de Lima Metropolitana, pues –seguramente para cortejar el apoyo de PP en el Consejo Municipal- la Alcaldesa anunció su apoyo a la candidatura de Pilar Freitas (que es actualmente concejal de PP en Lima Metropolitana) a la Defensoría del Pueblo. Todo esto mientras las izquierdas del naciente Frente Amplio condenaban en bloque el reparto de la torta hecho en el Congreso.

La repartija ha sido tan descarada y algunos de los personajes en cuestión son tan evidentemente impresentables para los cargos para los que los han elegido, que se ha generado una protesta ciudadana de gran magnitud. La tarde misma de la elección se produjeron en Lima y varias otras ciudades marchas, plantones y otras manifestaciones de protesta. Se anuncias una protesta fuerte en Lima para el lunes 22 y se arrancaron las coordinaciones para que el día 27 de Julio confluyan los indignados y las indignadas de todo el Perú en una especie de nueva Marcha de los 4 Suyos exigiendo alguna salida democrática este entuerto.

Tan fuerte ha sido la reacción ciudadana contra este arreglo en el Congreso, que hasta algunos de sus más directos promotores, el Presidente Humala y la dirigente Keiko Fujimori, están buscando como dar marcha atrás. Así, el Presidente Humala ha pedido públicamente que Rolando Sousa y Pilar Freitas renuncien a los cargos a los que acaban de ser electos, cuando es evidente que el (o habrá sido la Primera Dama?) dio luz verde el arreglo y lo monitoreo al centímetro. Del otro lado, Keiko dice que dice todo el arreglo es malo, cuando la bancada fujimorista –que responde directamente su dirección- peleo centímetro a centímetro el acuerdo que ella ahora denuncia. Y claro, no podía faltar Alan Garcia –que luego de promover algo parecido durante su gobierno para meter militantes apristas en el TC y estado metido hasta el cuello en el asunto de los narcoindultos- hoy día protesta contra la decisión del Congreso y pretende dar lecciones de moral porque el APRA quedo fuera del reparto y para limpiar un poco su muy ensuciada imagen.

Es difícil saber qué pasará en el corto plazo.

No queda claro que el Congreso tenga los reflejos suficientes como para percibir el enorme hueco en que se ha metido y el enorme desprestigio añadido que esto causa a “la política”, ya tan desprestigiada en esos días. Acaso quizás ni les importe, pues ya están negociando los cargos de la nueva Junta Directiva. No queda claro tampoco que ni el Presidente Humala ni los demás líderes partidarios (en este caso de Peru Posible, el fujimorismo, o el PPC) tengan la capacidad de ordenar a sus bancadas que deshagan este estropicio.

Tampoco queda claro que capacidad tendrá la ciudadanía movilizada que ha protestado en estos días y lo seguirá haciendo con toda seguridad de acá a las Fiestas Patrias, de sostener una movilización tal que obligue a la clase política a rectificarse y que abra curso a un debate profundo sobre el diseño mismo de las instituciones y el funcionamiento de los partidos.

Se escucha por ahí del inicio de una “primavera chola”, no contra un régimen autoritario pero si contra una clase política corrupta y caduca. Será solo una ilusión? No sé bien. Pero la esperanza es lo último que se pierde.