Lenguados, corvinas y políticas pesqueras públicas

por Carlos Monge el 08. mar, 2012 en Política

En las últimas semanas he visto entrevistas en TV a distinguidos chefs como Javier Wong y Toshiro Konishi y he leído declaraciones de Gastón Acurio sobre la creciente escasez de lenguados y corvinas. También he revisado textos de gente que sabe como Juan Carlos Sueiro, de Cooperaccion y la UPCH. Todo esto mientras salimos de la veda del pulpo para entrar a la del camarón. Y todo esto mientras que, efectivamente, los precios de estos deliciosos peces suben y suben, en el mercado y en los restaurantes.

El sentido común pareciera indicar que el aumento del consumo por parte de nacionales y extranjeros con ansiedad de “comida peruana” seria el factor clave. Se está consumiendo mucho más, podría ser la respuesta obvia. Pero, me entero, la enorme riqueza del mar peruano podría fácilmente sostener el crecimiento del consumo. Los problemas serian, más bien, la captura de todo tipo de peces para su procesamiento como harina de pescado, y el recojo industrial del sargazo y las algas.

El Peru tiene desde los años 50 una potente industria de harina pescado; hasta llegamos a ser primeros productores y exportadores en el mundo, aunque en el camino casi liquidamos a la propia anchoveta. Hoy hay un sistema de cuotas que busca que eso no suceda y se reproduce suficiente anchoveta para seguir haciendo harina de pescado. También hay legislación que prohíbe que la pesca de arrastre se acerque a menos de 5 km de la costa, para dejar espacio a la pesca artesanal. Pero la anchoveta es el forraje del mar peruano y no se lo reproduce suficiente para que se alimenten los demás peces que de ella dependen. Además, las leyes no se respetan y la pesca de arrastre se acerca a las costas y se lleva todo de encuentro.

A eso se suma le extracción en escala industrial para la exportación del sargazo y las algas, que también cumplen roles clave en la reproducción de especies como, precisamente, el lenguado y la corvina. Nadie controla cuanto se saca ni en donde ni en qué época.

Como resultado, sin sargazo ni algas ni anchovetas suficientes, cada vez hay menos lenguado y menos corvinas. Grandes empresas generan ingentes ganancias, y muchas de ellas pagan impuestos y generan renta publica, eso también. Pero esta búsqueda de ganancias privadas y rentas públicas no está llevando al borde de una crisis de proporciones que puede tirar al tacho une emergencia industria gastronómica mucho mas inclusiva socialmente y mucho más sostenible ambientalmente que la gran industria pesquera.

Respuestas de política pública: limitar severamente, si es que no prohibir del todo, la extracción de sargazo y algas para fines industriales. Y producir y exportar menos harina de pescado. Y hacer más estricto el control de la pesca de arrastre. De esta manera, dejaríamos que funcione el ciclo vital del mar, y tendríamos más lenguados y más corvinas y más pulpos y más de todo eso en la mesa, a menores precios.  Y más empleos en las caletas de nuestro extenso litoral.

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Los sindicatos, los partidos, los gobiernos y el Perú en el 2016

por Carlos Monge el 03. mar, 2012 en Política

Los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, tuvieron la gentileza de invitarme a hacer a presentación sobre las relaciones entre sindicatos, partidos y gobiernos en el Perú, en el marco de un encuentro de la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas, CCSA, recientemente realizado en Lima. Aproveché de la confianza de los organizadores para –en el marco del tema planteado- proponer una reflexión en torno a las relaciones entre partidos y sindicatos en el proceso político peruano rumbo al 2016, en diálogo con la experiencia reciente española y francesa.

Primera idea. El sindicalismo tradicional, aquel que agrupa a los obreros o trabajadores de fábrica, con contrato formal, para negociar las condiciones de su trabajo con la patronal es absolutamente necesario. Es cierto que en países como el Perú, con un alto nivel de informalidad, este sindicalismo solo puede aspirar a ese porcentaje minoritario de la PEA formalmente empleada. Pero no es menos cierto que esa PEA tiene derecho a ese nivel de organización y que esa capacidad de negociación de alguna manera determina el nivel general de las remuneraciones del resto de la masa trabajadora. Y todo esto en un escenario en el que las cifras oficiales demuestran que el crecimiento económico ha venido acompañado de una regresión en la distribución de la renta entre el capital y el trabajo, generándose cada vez más riqueza  pero con mayor desigualdad.

Segunda idea. Es igualmente necesario seguir explorando nuevas formas de sindicalismo que logre representar a esa masa mayoritaria de trabajadores que no tiene un empleo formal en una empresa o en el estado, pero que igualmente necesita una capacidad de representación y negociación de sus intereses (salario, condiciones de trabajo, seguridad social, pensiones, etc.). Ese es el camino que la CUT representa en el Perú, y ese es un camino que todavía tiene un largo trecho por ser recorrido.

Tercera idea. En el Perú se están desarrollando nuevas formas de organización social y de base que no responden al modelo clásico de “sindicato” o “gremio” organizado en torno a intereses específicos, sino que adquieren un carácter cada vez más programático, invadiendo de facto un terreno clásicamente considerado como de los partidos. Por ejemplo, AIDESEP es la organización de las poblaciones indígenas de la Amazonia peruana, y su agenda es la de los territorios indígenas, la autonomía y la plurinacionalidad. Es decir, toda otra versión del territorio y sus recursos, de la organización del estado, de la conformación de la nación. Si se puede decir así, AIDESEP termina levantando una propuesta programática más programática que la de varios partidos. Lo mismo se puede decir de CONACAMI, de los Frentes de Defensa, y de los movimientos sociales que surgen en torno a los conflictos entre poblaciones locales y grandes proyectos extractivos.

Cuarta idea. En el Perú se han venido tejiendo vasos comunicantes  entre partidos y sindicatos que tiene que ver con visiones programáticas comunes, y que ya rebasan las relaciones clásicas entre partidos y sindicatos. Es el caso de la Coordinadora Política Social, que agrupa a organizaciones sindicales nacionales y partidos de izquierda y que aborda temas que van más allá de la sola lucha reivindicativa. En el caso de la reciente Marcha por el Agua, partidos y organizaciones nacionales sindicales; frentes de defensa regionales y provinciales; y organizaciones sociales de base; y colectivos juveniles y culturales, se ha unido en torno ya no solo en oposición al Proyecto Mina Conga, sino en favor de una apuesta general por defender el agua frente a la minería, por apostar al mediano lazo por los recursos naturales renovables antes que apostar al corto plazo por la renta minera. Después de la marcha, se discute ahora como mantener esa unidad para defender Conga pero también para presentar mediante una iniciativa legislativa los Proyectos de Ley sobre protección de cabeceras de cuenca y prohibición de uso de cianuro y mercurio que han sido elaborados en el marco de la marcha.

Quinta idea. Estas mismas organizaciones que hoy convergen en iniciativas como la CPS o la Marcha por el Agua más otras como las indígenas andinas y amazónicas, podrían converger una alternativa política de cambio radical –de verdadera gran transformación- para el 2014 y el 2016. Si a partidos y sindicatos y organizaciones sociales están trabajando juntos en la base, están en espacios permanentes de acción y reflexión y desarrollan nuevas visiones programáticas, ¿que les impide llevar esos procesos de unidad al terreno formal de la política? ¿Porque en ese terreno tenemos que regresar al formalismo de la separación tajante entre partidos y sindicatos que se va diluyendo en todas las otras esferas de a vida cotidiana? Si una propuesta progresista en el Perú debe plantearse el reto de una gestión alternativa de los recursos naturales, ¿los planteamientos mas avanzados no están viniendo acaso del propio movimiento social? Si la plurinacionalidad es un reto, ¿que tienen en este terreno los partidos de izquierda o centro izquierda que sea más avanzado que lo que tiene AIDESEP o CONACAMI? Si la descentralización es componente central de una apuesta democrática participativa, ¿esa presión no viene de la sociedad organizada en las regiones y de las asociaciones de municipalidades antes que de los propios partidos?

Sexta idea. En países vecinos hay antecedentes de como esta idea ha funcionado. Por ejemplo, el la fundación del PT en Brasil convergieron de igual a igual centrales obreras como la CUT, agrarias como el MST, corrientes partidarias, sectores de iglesia, etc. Más aun, en la formación y la vida cotidiana del MAS en Bolivia se integraron movimientos sociales y corrientes políticas.  Ambas experiencias. Y en ambos casos la experiencia indica que esos gobiernos son más “institucionales” que otros gobiernos progresistas construidos en torno a caudillos que concentran todo el poder, como es el caso de Ecuador, Venezuela y… el Perú.

Séptima idea. Una apuesta como esta no elimina el tema/reto de la autonomía sindical en relación a os gobiernos y los partidos, pero redefine de manera sustantiva como este reto de plantea y se resuelve. De un lado, en la tradición peruana no ha habido nunca una autonomía sustantiva entre partidos y sindicatos pues los sindicatos peruanos no se pueden entender sin los partidos y los cuadros de izquierda y del Apra que los impulsan y sustentan. Y, al revés,  tampoco se puede entender a algunos partidos de la izquierda peruana sin observar sus relaciones con determinados aparatos sindicales. Y, nuevamente mirando alrededor nuestro, ni en Brasil ni en Bolivia los sindicatos  han desaparecido ni han dejado de negociar. Incluso, en Bolivia fue la reacción de esos mismos movimientos sociales que son parte del MAS que derrotaron el gasolinazo decretado por su gobierno a fines del año pasado.

Para terminar. El 2014 y el 2016 están ya a la vuelta de la esquina. Desde la perspectiva de construir una alternativa de izquierda, ciertamente podemos volver a recorrer caminos ya transitados. Por ejemplo, podemos volver a pretender que los partidos de izquierda tienen el monopolio de la representación y de la capacidad programática para propuestas de cambio de verdad, y esperar a que se junten y negocien algo para después “invitar” a los dirigentes sociales a que se sumen. O como fue el 2006, ver como nos dividimos y fracasamos cada uno por su cuenta. O podemos volver a colgarnos –como hizo un grueso sector en el 2011- de las faldas de un  caudillo que nos lleve al gobierno, pero que no nos deje en realidad ser parte del gobierno. Estas son alternativas posibles, y quizás alguna pueda funcionar. Pero también podríamos –todos y todas- explorar algo nuevo. Algo “a la brasilera” o “a la boliviana”, o mas bien “a la peruana desde abajo”, articulando organización social y política en una nueva propuesta de cambio radical en democracia, articulada en torno a unas cuantas propuestas claras.

Los temas están ahí: crecimiento y bienestar post extractivista, es base al uso sostenible de los recursos renovables; descentralización participativa a fondo como base una democracia radicalizada; plurinacionalidad en todo terreno; reforma tributaria progresiva para mejorar drásticamente la distribución de los ingresos y el financiamiento del gasto público; recuperación del mercado interno y pelea del mercado externo para la pequeña y mediana producción nacional; etc. Los líderes están ahí. Ojala tengamos el atrevimiento de explorar este camino y no sigamos haciendo mas de lo mismo.

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La estrategia energética en debate

por Carlos Monge el 02. mar, 2012 en Política

Se ha abierto un debate sobre el abastecimiento de energía.. Es un debate complejo pues el tema tiene varias aristas. Pero es un debate indispensable. Acá algunas ideas, que ciertamente necesitan mayor desarrollo  y mejor articulación.

Los empresarios mineros han manifestado su preocupación por el tema de la energía, que no alcanzaría en los años que vienen para satisfacer las demandas energéticas de los 30 proyectos mineros ya programados.

El gobierno sigue negociando con los empresarios de Camisea sobre el destino del gas del Lote 88, mientras que Petroperú le asegura al sur el abastecimiento por un gasoducto virtual compuesto de camiones tanque de distribución y en Lima ofrece gas un poquito más barato vendiendo balones chicos en sus grifos.

Petroperú sigue viendo como acceder a los lotes que administra Perupetro y con quien se asocia para recuperar funciones de exploración y producción. Por su lado, Perupetro concesiona agresivamente la Amazonía como expresión de una estrategia que ve en este territorio una fuente de energía fósil y de renta fácil.

El proyecto hidroeléctrico Inambari y el Convenio Energético con el Brasil esperan una resolución final. ¿Se mantiene este convenio que beneficia mucho a Brasil y poco al Perú?  ¿Se insiste en una mega inversión que concita el rechazo de poblaciones y autoridades locales y regionales en Puno?

Se hace poco o casi nada para cambiar la matriz energética hacia el uso sostenible de recursos renovables. La hidro-energía es pensada e términos de megaproyectos y no hay propuestas serias para utilizar fuentes alternativas.

Una estrategia nacional de energía, que reponda a estos temas entre otros, debe basarse en tener claro para quién queremos energía y de dónde queremos sacarla. Imagino un país que funda su calidad de vida y su competitividad en energía barata y limpia para los hogares, el transporte y la pequeña y mediana empresa y que la produce con el menor impacto ambiental y social posible.

Para ello, habría que trabajar ideas como las siguientes.

Migrar de matriz energética, dejando de lado los hidrocarburos para desarrollar las energías alternativas basadas en el uso sostenible de recursos renovables.

Priorizar el gas sobre el petróleo y la costa y el zócalo continental sobre la Amazonía. Debemos producir menos petróleo y no producirlo en la Amazonia, pues la Amazonia debe ser fuente de renta por provisión de servicios ambientales.

Priorizar una estrategia de largo plazo de gas para hogares, transporte y pequeña y mediana empresa, y no estrategia de corto plazo de gas para los mega proyectos mineros y petroquímicos de los grandes grupos de poder.

Priorizar las pequeñas y medianas irrigaciones por sobre los megaproyectos, respondiendo a las necesidades domesticas y productivas locales y regionales y no –por ejemplo- a los intereses agroindustriales y mineros en la Amazonía de Brasil.

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Lenguados, corvinas y políticas públicas pesqueras

por Carlos Monge el 31. ene, 2012 en Política

En las últimas semanas he visto entrevistas en TV a distinguidos chefs como Javier Wong y Toshiro Konishi y he leído declaraciones de Gaston Acurio sobre la creciente escases de lenguados y corvinas. También he revisado textos de gente que sabe como Juan Carlos Sueiro, de Cooperaccion y la UPCH. Todo esto mientras salimos de la veda del pulpo para entrar a la del camarón. Y todo esto mientras que, efectivamente, los precios de estos deliciosos peces suben y suben, en el mercado y en el restaurante.

El sentido común pareciera indicar que el aumento del consumo por parte de nacionales y extranjeros con ansiedad de “comida peruana” seria el factor clave. Se está consumiendo mucho más, podría ser la respuesta obvia. Pero, me entero, la enorme riqueza del mar peruano podría fácilmente sostener el crecimiento del consumo. Los problemas serían, más bien, la captura de todo tipo de peces para su procesamiento como harina de pescado, y el recojo industrial del sargazo y las algas.

El Peru tiene desde los años 50 una potente industria de harina pescado; hasta llegamos a ser primeros productores y exportadores en el mundo, aunque en el camino casi liquidamos a la propia anchoveta. Hoy hay un sistema de cuotas que busca que eso no suceda y se reproduce suficiente anchoveta para seguir haciendo harina de pescado. También hay legislación que prohíbe que la pesca de arrastre se acerque a menos de 5 km de la costa, para dejar espacio a la pesca artesanal. Pero la anchoveta es el forraje del mar peruano y no se lo reproduce suficiente para que se alimenten los demás peces que de ella dependen. Además, las leyes no se respetan y la pesca de arrastre se acerca a las costas y se lleva todo de encuentro.

A eso se suma le extracción en escala industrial para la exportación del sargazo y las algas, que también cumplen roles clave en la reproducción de especies como, precisamente, el lenguado y la corvina. Nadie controla cuanto se saca ni en donde ni en qué época.

Como resultado, sin sargazo ni algas ni anchovetas suficientes, cada vez hay menos lenguado y menos corvinas. Grandes empresas generan ingentes ganancias, y muchas de ellas pagan impuestos y generan renta publica, eso también. Pero esta búsqueda de ganancias privadas y rentas públicas no está llevando al borde de una crisis de proporciones que puede tirar al tacho une emergencia industria gastronómica mucho mas inclusiva socialmente y mucho más sostenible ambientalmente que la gran industria pesquera.

Respuestas de política pública: limitar severamente, si es que no prohibir del todo, la extracción de sargazo y algas para fines industriales. Y producir y exportar menos harina de pescado. Y hacer más estricto el control de la pesca de arrastre. De esta manera, dejaríamos que funcione el ciclo vital del mar, y tendríamos más lenguados y más corvinas y más pulpos y más de todo eso en la mesa, a menores precios.  Y más empleos en las caletas de nuestro extenso litoral.

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El reto político de Mina Conga

por Carlos Monge el 30. ene, 2012 en Política

El conflicto en torno a Mina Conga es una herencia directa del extractivismo neoliberal. Mina Conga es un proyecto de la empresa Yanacocha, que a su vez es propiedad de las empresas Newmont (Estados Unidos, accionista mayoritario) y Buenaventura (Perú, accionista mino- ritario). El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), es accionista minoritario de la empresa Yanacocha. La inversión programada es de casi cinco mil millones de dólares y, de concretarse, sería el proyecto minero más grande del país hasta la fecha.

La oposición de la población y las autoridades locales a Mina Conga se sustenta en varias razones.

Falta de credibilidad del mensajero

La empresa Yanacocha tiene severos problemas de credibilidad. Su actual proyecto en la provincia de Cajamarca se ha caracterizado por una sucesión de conflictos con las poblaciones rurales, que después se extendieron a una confrontación generalizada con la población y las autoridades de la ciudad de Cajamarca cuando la empresa pretendió extender sus operaciones al Cerro Quilish, el acuífero de la ciudad. Recientemente, ha sido acusada de ser la responsable de la desaparición de las aguas del cauce del río Grande, razón por la cual la ciudad estaría consumiendo agua usada por la mina, reciclada y vertida nuevamente al lecho seco del río.

Falta de credibilidad de los procesos

El Proyecto Conga fue desarrollado en el marco de las normas y procedimientos vigentes durante la década anterior. Hasta el año 2007 no había Ministerio del Ambiente (MINAM) (1) y todos los aspectos ambientales relativos a la minería estaban a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el mis- mo que era responsable de promover la inversión. Cuando fue creado, al MINAM no se le dieron competencias en materia de grandes proyectos como este. Además, no se había iniciado en la región el proceso de la zonificación económica y ecológica ni había un plan de ordenamiento territorial.

Los procesos de consulta que la empresa Yanacocha ha realizado en torno al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fueron hechos cuando no había aún Ley de Consulta y no era el Estado sino la empresa la que los llevaba adelante, así como las audiencias sobre los EIA como parte de su estrategia de promoción de la inversión. El propio presidente de Yanacocha ha reconocido que el 70% de los participantes en la consulta eran en ese momento trabajadores de la empresa.

Falta de credibilidad del mensaje

Mina Conga planea destruir cuatro lagunas en las alturas de Celendín, dos para hacer el tajo y dos para usarlas como botaderos de deshechos. En compensación, ofrece hacer reservorios ubicados entre dos y cuatro kilómetros de distancia de las lagunas actuales, prometiendo más agua y una reproducción perfecta del sistema interno que -desde esas lagunas- alimenta los actuales bofedales y el sistema hídrico de las cuencas de los tres distritos circundantes. La gente no cree que esto sea posible. Además, el actual MINAM ha realizado un análisis del referido EIA, le encuentra serias debilidades al componente hidrológico y sugiere —al respecto— un estudio independiente que lo valide antes de seguir adelante con las operaciones.(2)

El presidente Humala: Camino al neoextractivismo

El concepto del neoextractivismo (3) refiere a gobiernos de la región que han nacionalizado la renta extractiva (Bolivia y Ecuador) o estatizado la industria (Venezuela) pero que siguen viendo a las industrias extractivas como palanca fundamental del desarrollo, subordinando a esa lógica los derechos de la población y el medio ambiente.

La política de Gana Perú parece orientarse en esa dirección. En agosto de este año, el premier Lerner anunció la negociación de un aporte adicional de tres mil millones de soles por parte del sector minero10 y la viabilidad de una cartera de inversión por cuarenta y seis mil millones de dólares. El Presidente ha ratificado el mensaje diciendo que:

“El proyecto Conga es importante para Perú porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano”.(5)

Y fue más allá al anunciar que la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del MINAM se trasladaría a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y que lo mismo ocurriría con la evaluación y aprobación de los EIA (ahora en el MINEM) y con la Autoridad Nacional del Agua (ahora en el Ministerio de Agricultura, MINAG), anuncios que van en sentido totalmente opuesto a la agenda del ministro Giesecke y su equipo, quienes han venido reclamando que se mantenga y fortalezca la OEFA en el MINAM y se pasen a este Ministerio las evaluaciones y fiscalizaciones ambientales y los EIA, para evitar el conflicto de intereses que significa que esa responsabilidad esté en un MINEM encargado de promover las inversiones.

Un análisis malicioso diría que la decisión tomada busca asegurar para el Presidente y el Premier el manejo político de los aspectos ambientales de la minería, en lugar de apuntalar en el MINAM una gestión técnica con relativa autonomía de las negociaciones entre el gobierno y las empresas mineras.

La apuesta central es pues asegurar las grandes inversiones mineras para que estas financien la inclusión social. Resulta conveniente entonces una institucionalidad ambiental fragmentada y manejada políticamente desde la PCM. En este marco, que calza perfectamente con el concepto de neoextractivismo, la gran inversión minera es la condición primera y más importante para el crecimiento y la inclusión, y todo lo demás (medio ambiente y poblaciones locales) se le debe subordinar.

Buscando salidas hacia un escenario post-extractivista

Se ha planteado como medida inmediata paralizar el proyecto hasta realizar una evaluación seria e independiente del EIA elaborado por Yanacocha y aprobado por el MINEM. En esta dirección apunta el informe realizado por el MINAM. Sin embargo, el ministro Giesecke ha buscado limar los ángulos más afilados del informe, enfatizando que el EIA ya está aprobado y que el proyecto va y que se trata apenas de mejorar algunos de sus aspectos. Habrá que ver qué sucede en los próximos días.

De manera más amplia, se está planteando la necesidad de un Acuerdo Nacional sobre la Minería y el Medio Ambiente que permita construir consensos básicos sobre el rol de la minería en la economía nacional, regional y local, y sobre los marcos institucionales para la toma de decisiones respecto de los grandes proyectos mineros.

Sin mencionar aún los temas referidos a la reglamentación de la Ley de Consulta, los elementos a la base de un nuevo consenso nacional sobre el tema debieran incluir al menos, entre otros, los siguientes temas:

• Cambio en el procedimiento de las concesiones mineras e hidrocarburíferas

En un nuevo diseño, la entrega de concesiones debe estar supeditada a lo que digan la zonificación y el ordenamiento del territorio y a la consulta previa, y debe suponer el compromiso empresarial de hacer exploración y producción, evitando el uso especulativo de las concesiones.

• Fortalecimiento del Ministerio del Ambiente

Se debe mantener en el MINAM y fortalecer la OEFA y transferirle la evaluación de los EIA y la conducción de la Autori- dad Nacional del Agua (ANA), con los recursos necesarios para que haga bien su trabajo.

• Aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial

Hay que proceder de inmediato a un debate nacional sobre la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, la que debe estar sustentada en una estrategia de zonificación económica y ecológica concertada con los ministerios, los gobiernos regionales y locales, y las organizaciones sociales y del sector empresarial.

• Definición de las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales en la gestión del sector extractivo

Los gobiernos regionales y locales no participan en el otorgamiento de concesiones ni en la negociación de contratos; tampoco en la evaluación de los EIA ni la evaluación y fiscalización ambiental, etc. El marco normativo que no les da competencia en estos temas es hoy inviable, y de hecho ya está rebasado por la propia realidad. En efecto, los gobiernos regionales y locales ya intervienen en el tema mediante los procesos de zonificación económica y ecológica y las consultas ciudadanas.

Si se hacen consultas, en algunos casos la población local dirá que NO. Y si se realiza la zonificación ecológica y económica, en algunas zonas NO se podrá hacer minería. No es pues realista pensar que tendrán luz verde los 46 proyectos que se encuentran registrados en la cartera de proyectos del MINEM y que se materializarán todas las inversiones anunciadas.

Lo responsable como país es comenzar a pensar en estrategias de diversificación de fuentes de renta pública, divisas por exportaciones, y empleo para no depender tanto de un sector que genera tal nivel de resistencia social. Asimismo, construir un marco institucional que garantice que las decisiones sobre actividades extractivas (y otras grandes inversiones) se hagan respetando la voluntad de las poblaciones locales y protegiendo los recursos naturales no renovables para las futuras generaciones, y definir una estrategia de crecimiento y bienestar que dependa cada vez menos del sector extractivo.

Tales son los componentes mínimos de una transición posextractivista. En el Perú este es un debate que recién comienza en círculos limitados,(7) pero la realidad hace cada vez más urgente llevarlo al plano de la política regional y nacional. Las decisiones que tome el gobierno en estos días y semanas sobre Conga, los proyectos de inversión en zonas aledañas, y la minería en general, nos dirán si vamos por el camino ya probado del neoextractivismo nacionalista redistributivo, o si somos capaces de explorar nuevos caminos que nos lleven a romper con el extractivismo en cualquiera de sus variantes. Esa sí que sería una gran transformación.

Publicado en Quehacer, en diciembre de 2011

Notas:

(1) Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado el 14 de mayo del 2008.

(2) El análisis y sus recomendaciones se hicieron en los días previos al inicio del paro regional contra Mina Conga, pero sus contenidos fueron difundidos por el gobierno recién el domingo 27. IDL Reporteros lo obtuvo y comentó días antes

(3)  Eduardo Gudynas, Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Lima: Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES, 2009.

(4) Impuesto extraordinario + gravamen extraor- dinario + nuevo esquema de regalías. Mis esti- mados y varios otros señalan que en realidad el aporte adicional estaría entre 1000 y 1500 millones de soles.

(5) En Peru.com, miércoles 16 de noviembre del 2011.

(6)  La República, 28 de noviembre del 2011.

(7) Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE y CLAES, Transiciones, post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Lima, 2011

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Ollanta Humala, Cajamarca, Camboya y el sabio consejo de no escupir al cielo

por Carlos Monge el 27. ene, 2012 en Política

En su reciente visita a Madrid, el Presidente Humala ha hecho dos declaraciones relativas al Proyecto Conga y la situación política en Cajamarca, que realmente llaman la atención.

En una, se ha referido al Proyecto Conga como un bebe ya concebido al que no se puede abortar. Paralelo que invita a debates complejos sobre qué pasa con los bebes nacidos de actos de violencia y con los proyectos que carecen de licencia social. Quizás Conga termine siendo un insumo para el debate sobre el aborto terapéutico cuando la concepción resulta, digamos, de una violación. Ojalá aborden el tema con la Ministra Ana Jara en alguna próxima reunión del Gabinete.

En otra –aun más increíble que la anterior- se ha referido a la situación de Cajamarca diciendo que no permitirá que ahí ocurra una situación como la de Camboya y su republica democrática de los años 70. Como se sabe, la hoy Camboya (entonces llamada Kampuchea Democrática) fue sometida a un régimen de terror y genocidio por los Khmer Rouge entre los a los 1975 y 1979. En el paralelo sugerido por el Presidente Humala, Gregorio Santos –Presidente Regional de Cajamarca- sería nuestro cobrizo Pol Pot. Su movimiento -el MAS cajamarquino, dirigido por el PCdelP Patria Roja- sería nuestro Jemer Rojo criollo. Y el GR de Cajamarca una suerte de Kampuchea Democrática norandina.

Estuve ahí, en reuniones con nuestro supuesto Pol Pot y varios de sus supuestos Jemeres Rojos, y la verdad es que tremenda afirmación no resiste el menor análisis. El MAS es un frente político que ha ganado limpiamente elecciones regionales supervisadas por la misma ONPE y el mismo JNE que validaron la elección del Presidente Humala. Y del PCdelP Patria Roja se pueden decir muchas cosas, pero no se puede negar que desde los años 80 han participado -solos y/o como parte de frentes mas amplios- en decenas de elecciones nacionales, regionales y locales,que han ganado y perdido respetando los procesos democráticos y las instituciones que los rigen. En la actualidad, Patria Roja es parte del gobierno municipal de Lima y si algo no distingue a Susana Villarán es alguna simpatía por la locura homicida que desataron los Jemer Rojos de Pol Pot desde el gobierno de su país.

En Cajamarca, el Gobierno Regional dirigido por Gregorio Santos y el MAS se rige por las leyes vigentes, en medio de una pugna con el Gobierno Central en torno a las atribuciones de cada quien en relación con la zonificación ecológica y económica y la viabilidad del Proyecto Mina Conga. Nadie puede plantear en serio que en Cajamarca hay el peligro que se instale un régimen de terror que asesine al 25% de la población de esa región y es dudoso que el Presidente Santos termine alguna vez juzgado por genocida en algún tribunal internacional.

¿Qué puede motivar que el Presidente Humala diga semejante barbaridad? ¿Ignorancia de la historia de Camboya y de la situación de Cajamarca quizás? Sobre Camboya algo habrá aprendido en sus estudios en Francia, que es en donde se formaron los principales cuadros políticos del Jemer Rojo. Pero sobre Cajamarca, él tiene que saber que lo que está diciendo es un infundio. Ni su Sistema de Inteligencia ni su Dirección de Conflictos –salvo que se hayan vuelto locos- le pueden estar dando información sustente afirmación tan absurda.

Y ese infundio, me parece, tiene una intención bien precisa: comenzar a asociar a Patria Roja y dirigentes como Santos con Sendero Luminoso. Comenzar a establecer un paralelo entre Sendero Luminoso y la coalición social y política que hoy en Cajamarca resiste la imposición del Proyecto Conga.

Sucede que la experiencia del Jemer Rojo o Khmer Rouge en los años de la Kampuchea Democrática fue una de control total y absoluto del territorio y de la población con base en el terror sistemático y la eliminación física de toda forma de disidencia. Y en el Perú eso fue exactamente lo que hizo Sendero Luminoso en los territorios amazónicos y andinos que llegó a controlar. Aterrorizó a la población por medio de asesinatos, a veces masivos, destinados a hacer entender a la gente que la discrepancia y la desobediencia se pagaban con la vida.

Decir que con Santos Cajamarca hacia una experiencia camboyana es pues una acusación casi directa de senderismo, de terrorismo. Y es por eso, que las temerarias palabras del Presidente Humala sobre Cajamarca constituyen en realidad un infundio y un agravio contra una fuerza política y un dirigente político sobre los que se puede decir muchas cosas y con quienes se pueden tener muchas discrepancias, pero a los que no se puede acusar de terroristas.

Por lo demás, vale la pena recordar que en su enfrentamiento contra Sendero Luminoso, sectores de las Fuerzas Armadas pusieron en práctica estrategia similares a las polpotianas y las senderistas. Por ejemplo, esas columnas que recorrieron el campo ayacuchano matando a diestra y siniestra hombres, mujeres y criaturas para infundir temor hacia las Fuerzas Armadas y disuadir de cualquier posible apoyo a SL. Por ejemplo, esas fosas comunes en el propio terreno del Cuartel Los Cabitos en Huamanga.

En esta línea de reflexión, ya Gregorio Santos le ha respondido al Presidente Humala que al menos a él nadie lo ha acusado nunca de asesinato ni nadie lo ha investigado por violaciones de derechos humanos. Es que, como se dice, no conviene escupir al cielo.

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Pronunciamiento de Tierra y Libertad

por Carlos Monge el 20. nov, 2011 en Política

  1. Culminados sus primeros 100 días de gobierno, el Presidente Ollanta Humala y su gabinete están enfrentando una ola de conflictos asociados con la actividad minera en las zonas rurales de nuestro país. En algunos casos como el de Ancash, se trata de una demanda re-distributiva planteada por las autoridades de los poblados que reciben una parte menor de los recursos del canon minero. En los casos de Cajamarca, Apurimac, Moquegua, y Tacna, se trata de un rechazo a la actividad minera por sus impactos negativos sobre las fuentes de agua de las que depende el consumo humano y la agricultura, que es la principal, sino única, fuente de ingresos de la enorme mayoría de las poblaciones de esas regiones del país. En Madre de Dios, se trata más bien de la reacción de los mineros informales ante la justificada intervención del gobierno contra las dragas de la minería ilegal que está destrozando los ríos y los bosques de esa parte de la Amazonía.
  1. En relación a los conflictos contra la minería en la sierra peruana,  como es el caso de Mina Conga, en Cajamarca, la población local no reconoce un Estudio de Impacto Ambiental que ha sido aprobado apresuradamente y con procesos de audiencias en los que la mayoría de los participantes trabajaban para la empresa, ni acepta la propuesta de reemplazar con  reservorios las lagunas naturales que serán destruidas. En Andahuaylas y Chincheros, en Apurímac, la población rechaza toda actividad minera –la ilegal y la legal, la artesanal y la mediana y grande-. En Tacna y Moquegua la población teme que nuevas operaciones mineras se lleven para si toda el agua, que ya es sumamente escasa en esa región.
  1. La desconfianza y el rechazo de la población de las zonas alto-andinas respecto de la minería se sustentan en la experiencia. En el caso de Cajamarca, se ha comprobado que –pese muchos estudios técnicos presentados- Minera Yanacocha ha tomado para si toda el agua de la cuenca del Rio Grande que antes consumía la ciudad de Cajamarca. Como resultado, la ciudad consume hoy agua usada y reciclada por la minera, y es la población de Cajamarca la que arriesga su salud y termina pagando los elevados costos de purificar el agua que previamente ha sido usada y contaminada por Yanacocha.
  1. En muchas otras partes del país, incluida Lima Metropolitana, muchas empresas extractivas así como intereses inmobiliarios e industriales quieren seguir operando como antes- ignorando los impactos ambientales negativos de sus actividades y la opinión de las poblaciones locales. El caso más conocido es el de Lurín, pulmón de la ciudad amenazado por cementeras, urbanizadoras e industriales, pero esta situación se repite en muchas otras partes de la ciudad frente a una creciente resistencia social de las poblaciones locales.

DECISIONES GRAVES QUE PREOCUPAN

  1. Lamentablemente, en reciente conferencia del Presidente Ollanta Humala, al tratar sobre el proyecto Conga, ha dejado claro que su opción es por la Empresa Yanacocha, y contra la población de Cajamarca, las autoridades distritales y provinciales y el Gobierno Regional. El Presidente dice que quiere el agua y el oro, repitiendo tal cual la frase con la que la empresa quiere convencer respecto de la viabilidad de su proyecto. Pero hay dudas muy serias sobre la real posibilidad de reemplazar las lagunas y su rol central en el ecosistema de esas cabeceras de cuenca por otras artificiales. En la práctica, en este caso, no es posible tener oro y agua al mismo tiempo y el Presidente está apoyando la extracción del oro sobre la preservación de las fuentes de agua en esa región. Está optando por la empresa y contra el medio ambiente y la gente.

Peor aún, ha anunciado que en lugar de fortalecer al Ministerio del Ambiente, busca descuartizarlo llevándose a la Presidencia del Consejo de Ministros la Autoridad Nacional del Agua, la fiscalización ambiental y los Estudios de Impacto Ambiental. En todas partes del mundo se avanza en fortalecer una autoridad ambiental autónoma de la promoción de inversiones y del poder político, el Presidente acá anuncia lo contrario.

  1. Ese no es el camino a seguir. Esos anuncios no pueden ponerse en práctica. Esas decisiones son graves y tienen que rectificarse. Llamamos al Presidente Humala, al Premier Lerner, a los ministros y parlamentarios de Gana Peru, especialmente a los que vienen de la izquierda, a la rectificación de esta equivocada decisión que tendrá sin duda graves repercusiones para la población cajamarquina quienes han reaccionado con justicia y firmeza llamando a un paro indefinido desde el 24 de noviembre.

PRESIDENTE HUMALA: ESCUCHE LA VOZ DE LOS PUEBLOS

  1. Frente a los conflictos en curso contra las malas prácticas de la minería en los Andes, el Gobierno del Presidente Humala  – debe marcar una diferencia sustantiva con las respuestas que han venido dando los gobiernos de Fujimori, Toledo y Garcia. Esos gobiernos ignoraron las causas de los conflictos, optando por responsabilizar de todo a agitadores radicales, acusando a la gente y las autoridades de no entender la importancia de las rentas que estas inversiones traen, y reprimiendo a los que cuestionan la actividad minera o se oponen a ella. La política del “Perro del Hortelano” de Alan García debe ser superada y no puede seguir guiando los actos de este gobierno. Los 3 mil millones de soles ofrecidos por las empresas no son argumento suficiente para imponer la minería por sobre la voluntad de la gente ni sobre la necesidad de cuidar nuestras fuentes de agua.  Acusar de radicales a quienes se movilizan u opinan diferente, como Tierra y Libertad y sus líderes como Marco Arana, y mantener criminalizada la protesta social no arregla nada, solo empeora las cosas.
  1. El Gobierno del Presidente Humala tiene aun la oportunidad de plasmar en el sector energía y minas la gran transformación ofrecida al país. En este camino, para ser consecuente y firme con sus compromisos electorales, y rectificando los anuncios recientemente hechos, le planteamos la necesidad de poner en práctica las siguientes medidas:
  1. Moratoria y revisión de concesiones mineras e hidro-carburíferas.
  2. Revisión del procedimiento de otorgamiento de concesiones, procediendo solamente aquellas que sean viables en el marco de la zonificación económica y ecológica y que hayan sido materias de consulta previa.
  3. Inmediata reglamentación y puesta en vigencia de la Ley de Consulta.
  4. Inmediata transferencia de la responsabilidad de la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental al Ministerio del Ambiente, revisando los procedimientos de su elaboración, consulta y aprobación.
  5. Fortalecer de manera sustantiva, con recursos humanos y materiales, al MINEM y al MINAM para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones relativas a la sociedad y el ambiente.
  6. Inmediata presentación de la Ley de Ordenamiento Territorial, sustentada en una estrategia de zonificación económica y ecológica concertada con los Gobiernos Regionales y Locales y las organizaciones sociales.
  7. Definición de las competencias y funciones de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión del sector extractivo.
  8. En el caso de la minería ilegal que arrasa con la Amazonía, el Gobierno debe proseguir con firmeza su política de eliminación de las dragas y otras operaciones y así poner freno a esa actividad. Pero también atacar –como en el caso del narcotráfico- tanto a los proveedores de capital, maquinarias e insumos como a los comercializadores del oro que se extrae. No tiene sentido concentrar la acción estatal solamente en los trabajadores y pequeños propietarios de esa actividad, sin atacar a los peces gordos que están detrás del negocio.
  1. La implementación de este conjunto de medidas debe permitir que en el Perú se haga solamente la actividad minera e hidro-carburífera que sea ambientalmente viable y socialmente legitima, disminuyendo así los altos grados de conflictividad social que hoy día resulta de la proliferación de proyectos mineros que no son consultados con la población o con las autoridades locales ni regionales y cuyos estudios de impacto ambiental han sido y siguen siendo aprobados por los mismos funcionarios encargados de promover las inversiones.

10.  El gobierno de Humala debe ser consciente que la implementación de estas medidas va a significar que algunos de los proyectos mineros –al no ser ni ambientalmente viables ni socialmente legitimos, no logren la autorización para operar. Por lo tanto es posible que no se hagan realidad los 46 mil millones de dólares inversiones mineras anunciadas por el Primer Ministro Lerner en la Presentación de su Plan de Gobierno al Congreso Nacional y al país. Esta es una decisión sustantiva si en verdad se quiere inversiones que impacten favorablemente al país, respeten el medio ambiente, y cese la conflictividad social.

En consecuencia, es también indispensable que el Gobierno defina y ponga en práctica una agresiva política de diversificación de las fuentes de renta pública y de generación de divisas, dos rubros hoy altamente dependientes de las inversiones mineras y de hidrocarburos. De la misma manera, el gobierno debe abocarse a la cobranza de las grandes deudas tributarias de muchas empresas, así como de sacar adelante una reforma tributaria que le dé recursos frescos para el mayor gasto social que en justicia el gobierno ha prometido hacer.

Tierra y Libertad considera que está en manos del gobierno impedir que la conflictividad social se desborde y tenga costos materiales y costos en vidas humanas. Estamos seguros que estos conflictos se pueden prevenir y evitar con la implementación pronta y consecuente del paquete de medidas que proponemos.

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¿Cometiendo el mismo error?

por Carlos Monge el 17. nov, 2011 en Política

Un buen amigo, que trabaja en el estado, me envía este texto. No puedo identificar al autor pues expresa preocupaciones personales que no son necesariamente de consenso al interior de su sector o del gobierno en general. Me parece muy sugerente en el análisis la correlación entre cambio de base social (crecimiento en Ay B y caída en los de abajo) y reinicio de la protesta social, así como la alerta sobre la posible recaída en teorías conspirativas sobre los conflictos en marcha, tipo “Patria Roja quiere tumbarse la Gabinete Lerner Lerner” o “Marco Arana fracaso en posicionarse en las elecciones 2011 y ahora quiere hacerlo de cara al 2014 y 2016” o “Es el Fujimorismo agitando en Andahuaylas, pues Germán Altamirano ha estado por ahí.” Lo de PR tomando el Gabinete después de derrocar al Premier Lerner es sicótico, lo de Marco Arana posicionándose es legitimo (acaso solo Tierra y Libertad piensa en las siguientes elecciones?), y la presencia de Germán Altamirano es real (de paso, el es de ahí), pero también han actuado en ese conflicto muchos dirigentes que son nacionalistas. Ahora, en los tres casos, con un análisis centrado en los actores políticos y sus (malas) intenciones, desaparecen las contradicciones reales que hay en esos territorios entre diferentes intereses. Es como si dijéramos que el movimiento campesino de los 70 existió por Edmundo Murrugara y los entonces jóvenes activistas de VR se dedicaron a desinformar a los campesinos. Nadie publicaría un libro de historia serio basado sobre esa hipótesis, no?

Los recientes conflictos son la manifestación del fin de la tregua que le brindaron los sectores que apoyaron a Ollanta Humala desde la primera vuelta a la espera  que iniciara la implementación de los cambios que durante la campaña electoral ofreció.  El descenso del nivel de aprobación entre los sectores C-D – E, del que da cuenta CPI en reciente encuesta,  es otra manera en que esa protesta se expresa.

Sin duda que la reubicación en el espectro político de Humala,  ocurrida entre la primera y segunda vuelta,   iba a tener impacto en  la envergadura  y profundidad de los cambios que originalmente ofreció.  El respaldo electoral obtenido no era suficiente como para mantener la propuesta inicial.  Era ingenuo pensar que luego de llegar al poder Humala iba a poder cumplir con sus  propuestas más radicales.

A pesar de eso,  nos sorprendió positivamente con el nombramiento de su gabinete, la aprobación de la consulta previa y el gravamen minero.  Pero, nos dejó en la incertidumbre cuando se anunciaron los cálculos respecto a la inversión minera y petrolera de los próximos años,  sin tener la misma precisión para los cambios institucionales que se debían realizar en las políticas  sobre el uso del territorio y la  promoción  y fiscalización de las actividades extractivas. Era un avance parcial,  pero que resulta  insuficiente  si no se explicita de qué manera se van a tratar los puntos de vista enfrentados  entre comunidades y empresas.

Y es que sería un error pensar que los recientes conflictos se explican exclusivamente por razones de  estrategia  política de los sectores que se hallan más a la izquierda del gobierno, tal como se plantea desde las posiciones más fanáticamente pro- mineras. Se equivocarían el presidente y el ministro Lerner si  utilizan los mismos argumentos que el gobierno anterior   para explicar la razón de los conflictos y  golpear  a los nacionalistas que respaldaron las protestas. El gobierno, más que reprimir,  requiere  disputar políticamente con estos sectores mostrando que sí es posible hacer cambios en las políticas públicas  y que éstas sí pueden ser producto de un diálogo que involucre a las empresas y la sociedad civil.

Optar por un análisis puramente “político” desde un enfoque conspirativo  de los conflictos sólo producirá que la acción del gobierno descanse sobre la recuperación del orden público basándose principalmente en la fuerza.  Es claro que durante  la década pasada esta manera de explicar los acontecimientos llevó al incremento de los conflictos y el número de víctimas.

El presidente debe retomar su liderazgo y capacidad de leer los acontecimientos que demostró durante la campaña electoral, de  modo tal de evitar que su gobierno termine   siendo un remedo del aprismo en la manera como enfrenta los conflictos.

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Para saber finalmente cuánto es el nuevo aporte de las mineras…

por Carlos Monge el 03. oct, 2011 en Sin categoría

El Presidente Humala ha promulgado las nuevas leyes aprobadas por el Congreso Nacional, que establecen el Impuesto Extraordinario y el Gravamen para el sector minero, así como las modificaciones a la Ley de Regalías.

De esta manera, se concreta la oferta electoral del Presidente Humala de lograr una mayor contribución por parte de los empresarios mineros, boyantes en plata en estos años de alta demanda y altísimos precios.

Como se ha debatido ya, el Gobierno anunció 3 mil millones de soles en nuevas contribuciones anuales. Yo estimé 1 mil millones, y GPC estimó 1500 millones de soles, pero sin descontar el óbolo voluntario que ahora expira. El Congresista Javier Diez Canseco también cuestionó las cifras del gobierno y yo hasta ahora no veo un cálculo oficial que demuestre con cifras que son 3 mil millones.

Sea como sea, el debate se cerró rapidito y la ley se aprobó.  Ya después, a la luz de las cifras, se sabrá cuánto es en realidad este nuevo aporte de las mineras. Pero, para que todos podamos saber de cuánto estamos hablando, es indispensable que el gobierno establezca mecanismos de transparencia en el que se consignen, cada trimestre, cuánto es el aporte extraordinario de las mineras por Impuesto Extraordinario y Gravamen, cuánto el pago por Regalías y cuánto el pago por Impuesto a la Renta.

Y hacer esto no es nada del otro mundo. De hecho, ya el gobierno anterior estableció un mecanismo por el cual las empresas participantes en el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo informaban de sus aportes y del uso de los mismos. Esta información se puede ver en el portal del MINEM (www.minem.gob.pe en Gestión Social) y los reportes que sobre el tema ha venido publicando el Grupo Propuesta Ciudadana se puede ver en su portal Participa Perú (www.descentralizacion.org.pe).

Solo sobre esta base podremos saber cuánto es al final el aporte extraordinario de las mineras.

Y ser más transparente que el APRA debería ser chancay de a medio, ¿no?

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Bolivia, Evo, TIPNIS: los límites de la estrategia neo-extractivista

por Carlos Monge el 30. sep, 2011 en Sin categoría

Los indígenas del TIPNIS (a la vez territorio indígena y parque nacional) se habían venido manifestando en contra de la construcción de una carretera que atraviesa la zona para facilitar las comunicaciones entre el Beni amazónico (frontera con Brasil) y el Chapare cocalero (acceso a Cochabamba y La Paz). El Presidente Morales declaró que la carretera se hacía si o si, por ser de interés nacional.

Los indígenas del TIPNIS iniciaron una larga marcha hacia La Paz, demandando que se les escuche, que no se haga la carretera. El gobierno disolvió la marcha indígena con uso de la fuerza, con heridos y detenidos. Se habla de un bebe fallecido por los gases lacrimógenos, información que todavía debe ser confirmada.

Parte de los detenidos fueron liberados por la población local; los indígenas decidieron seguir con la marcha; renunciaron la Ministra de Defensa y el de Gobierno así como el Vice Ministro del Interior y varios otros manifestaron su incomodidad. Protestas en varias ciudades y nuevos grupos indígenas que inician sus propias marchas para apoyar a los de TIPNIS. La Central Obrera Boliviana anuncia paro nacional y organizaciones indígenas y grupos radicalizados piden la renuncia de Morales.

El Presidente Morales en Mensaje a la Nacional deplora los hechos, critica el uso de la fuerza excesiva y anuncia la paralización de la obra y la convocatoria a un referéndum en Beni y Chapare para que la población decida.

Los indígenas rechazan ese referéndum, que incluiría a la población cocalera del Chapare directamente interesada en la carretera y con nulo interés en TIPNIS como tal, y exigen la suspensión definitiva de la obra.

¿Qué hay detrás de todo esto?

En un primer nivel, hay un tema de autoridad y normatividad. La Constitución Plurinacional incluye el derecho a la consulta previa, libre e informada, pero este derecho no se ha legislado, reglamentado, no se aplica. Y el Presidente considera que al ser esta carretera de interés nacional, le toca tomar la decisión a él, y no a los indígenas que habitan ese territorio.

En un segundo nivel, hay un tema de subordinación al Brasil. La carretera en cuestión es parte de la estrategia IIRSA, que –en buena parte- busca conectar por vías terrestres y fluviales al Brasil con los puertos del Pacífico, a través de Bolivia, Perú y Ecuador. De hecho, Brasil hizo el préstamo a Bolivia para que la carretera la construya una empresa brasilera. Y además TIPNIS, pese a ser parque nacional y territorio indígena, ya está concesionado en buena parte para exploración petrolera y gasífera, y la principal concesionaria es Petrobras.

En un tercer nivel, hay un tema de visión de país y estrategia de desarrollo.  Eduardo Gudynas ha analizado las políticas públicas de los gobiernos progresistas de la región que han nacionalizado la renta (Ecuador y Bolivia) e incluso la industria como tal (Venezuela), y los ha caracterizado como Neo Extractivismo. El análisis es certero. Después de tumbarse al gobierno anterior por entreguista, el Gobierno de Evo Morales nacionalizó la renta del gas y renegoció los contratos con las grandes empresas extranjeras y relanzó la estatal YPFB. Pero en el camino, profundizó la dependencia económica de Bolivia respecto del  gas, a lo que se añade que hoy el Gobierno Boliviano depende políticamente del gas más que los gobiernos neoliberales que lo precedieron.

¿Salidas?

En lo inmediato parece que la única sería parar esa carretera. Pero el Presidente Morales quiere hacer un referéndum en el que puedan votar también los cocaleros del Chapare que se beneficiaran de esa carretera.  Sería como consultar a los mineros ilegales de Madre de Dios sobre si abrir o no Bahuaja Sonene! En todo caso, los indígenas del TIPNIS y todos los que se ha sumado a la protesta rechazan esta alternativa. Veremos qué pasa.

En el mediano plazo, hay que revisar el IIRSA y hay que repensar la estrategia general de más gas o muerte. Habrá que pensar seriamente en nuevas dinámicas económicas que ofrezcan alternativas de generación de empleo, renta, divisas y energía.  Es decir, en políticas públicas que hagan la posible hacia situaciones post extractivistas.

Desde el Perú, conviene mirarnos en el espejo boliviano. ¿Cuál es nuestra perspectiva, en que nos estamos embarcando? ¿Más actividad extractiva para más renta? Los ministros de Economía y de Energía y Minas han asegurado repetidamente que las nuevas inversiones mineras nos garantizarán los 3 mil millones de soles anunciados en nuevos aportes del sector. Pero el paquete de nuevas inversiones incluye, por ejemplo, Rio Blanco y Tia Maria, proyectos ya rechazados por las poblaciones locales. Al final, ¿que tendrá prioridad? ¿La búsqueda de renta o la protección del medio ambiente y las opciones propias de las poblaciones locales?

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